El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, se reunió ayer con representantes de los grandes operadores (Mercadona, Hiperdino, Lidl, Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Aldi y Fepeco) para comunicarles que desde la Gerencia siguen adelante con el proceso para aprobar la ordenanza provisional que permitirá abrir superficies de hasta 2.500 metros cuadrados, hasta que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación de la capital.
En octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó el Plan de 2013. En ese momento entró en vigor la normativa de adaptación básica de 2005, con la que los supermercados solo pueden abrir superficies de hasta 750 metros cuadrados. La Ley Sectorial del Gobierno de Canarias, por la que se rige el resto de municipios del Archipiélago, permite abrir tiendas de hasta 2.500 metros cuadrados, de ahí la necesidad de aprobar una ordenación provisional de la ley del suelo para poder abrir centros de estas dimensiones en la capital tinerfeña.
Carlos Tarife explicó a DIARIO DE AVISOS que hace una semana el área de Urbanismo recibió un informe del Gobierno de Canarias en el que se indicaba que la ordenanza provisional, que está previsto que se lleve a Pleno en diciembre para ser aprobada de forma definitiva, debe llevar consigo un informe de impacto ambiental. Algo que desmiente el concejal, quien asegura que las ordenanzas, según la Ley del suelo, no llevan aparejadas este tipo de informes, pues lo que hacen es adaptar la normativa sectorial en el ámbito comercial a la situación actual de la capital.
“Con este informe, el Gobierno canario viene a decir que lo que estamos haciendo no es una ordenanza provisional de la ley del suelo, sino una modificación de planeamiento. Y nada más lejos de la realidad. Esto es un atropello jurídico técnico del Gobierno de Canarias, pues va en contra de los intereses económicos de la ciudad”, manifestó Tarife. Además, aseguró que si se tuviera que llevar a cabo esa evaluación ambiental, la ordenanza se podría dilatar en el tiempo y se aprobaría “a lo largo de 2023”.
Urbanismo responderá, por tanto, en los próximos días al Gobierno canario y expondrá “con argumentos técnicos y jurídicos” que la ordenanza es de uso provisional, con vigencia de dos años, y que estas ordenanzas, según la Ley del suelo, no llevan aparejadas una evaluación ambiental, pues “nacen con la intención de adaptarse a las circunstancias sobrevenidas. En este caso, a la situación en la que se encuentra la capital hasta que se apruebe el nuevo Plan General”.
Ante la posibilidad de que el Gobierno canario iniciara un contencioso y se anulara la ordenanza provisional, dice Tarife que las licencias otorgadas no se verían afectadas, ya que se demostraría que “lo que se hace es adaptarse a la propia normativa del Ejecutivo”. Esto sería, aseguró el edil, “un disparate mayúsculo que frenaría la inversión y que pondría en juego muchos puestos de trabajo”. Y es que “ahora habría entre cinco y ocho proyectos sobre la mesa”.
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