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El drama de las familias canarias: “Si no contamos con ayudas, los ancianos estarán mejor en los hospitales”

Trabajadoras sociales del SCS declaran que el verdadero problema de los mayores radica en la demora de tres años para recibir la prestación por dependencia y reconocen haber visto a muchas mujeres "llorar de impotencia" por no saber cómo gestionar la situación
La media de espera para recibir la ayuda en Canarias es de tres años. | EUROPA PRESS

“Se ha abierto la caja de pandora”. Con estas palabras aludía un grupo de trabajadoras sociales en Atención Primaria del Servicio Canario de Salud (SCS) a la problemática difundida hace semanas por DIARIO DE AVISOS sobre la asistencia de ancianos en los centros hospitalarios de Tenerife. Las profesionales indican que los abandonos de mayores en el Hospital Universitario de Canarias o en Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria son “casos aislados” porque, según cuentan, el verdadero dilema radica en la demora de ayudas económicas por parte del Estado para la atención a los dependientes.

Asimismo, afirman que “la familia continúa siendo el sostén de sus mayores”, por lo que buscan reconocer la labor del entorno en su cuidado pese a los panoramas tan heterogéneos que afronta cada vivienda. “Las familias no asumen el alta hospitalaria de los ancianos porque no pueden o no tienen medios, pero ello no implica que no quieran regresar a casa con ellos”, aseguran. La falta de conciliación, los bajos ingresos o la inexistencia de una prestación son algunas de las causas que enumeran las empleadas sociales en apoyo a los familiares que “pasan meses e incluso años sin que se aplique la ley”.

Y es que, según recoge la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a los dependientes, “las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos”.

28.000 canarios, a la espera

Con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras el pasado 5 de noviembre, la Diputación del Común acogió la presentación del informe sobre las personas cuidadoras de sus familiares en Canarias, Derecho a Cuidar y a ser Cuidadas, mediante el que exponía que en el Archipiélago “hay 28.000 personas que no reciben la prestación por Dependencia, ya que la Administración Pública no ha puesto los medios humanos y técnicos necesarios para ello”. El estudio también recoge que existen 26.028 canarios con la prestación reconocida, lo que implica el 1,2 por ciento de la población, muy por debajo de la media española, que representa el 2,5 por ciento.

El impacto de la COVID ha incidido negativamente en los principales indicadores de la atención y el cuidado asistencial. Por ello, en el conjunto del país, según plasma la asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, un total de 55.487 personas fallecieron en las listas de espera durante el año pasado. De ellas, 21.005 esperando la resolución y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

A este respecto, las trabajadoras sociales entrevistadas por este periódico se muestran incrédulas cuando comparan el derecho de los ciudadanos en situación de dependencia al de la prestación por jubilación: “Sería impensable que alguien esperase años para cobrar su pensión, de hecho, el afectado acudiría a los tribunales y ganaría”.

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Cuidados básicos

“¿Qué hace suponer que el anciano o la anciana estaría mejor en su vivienda?”, se preguntan las profesionales del SCS que conocen “de primera mano” cómo cientos y cientos de familias isleñas hacen malabares para compaginar su trabajo, su vivienda y su familia con una persona a su cargo, mientras esperan durante años por una valoración o una ayuda económica. “Con el empeoramiento del estado de salud de los mayores, tras su paso por el hospital debido a una fractura, por ejemplo, su vuelta a la vivienda no garantiza que reciba los cuidados necesarios porque su familia, por diversos motivos (económicos, laborales, personales…), no puede, y esos son los verdaderos problemas que son invisibles para muchos”, declaran. A su vez, reconocen que hasta ahora “no hay un sistema de ayudas que realmente cubra las necesidades en los domicilios”, a pesar de ser el servicio que menos gastos supondría al sistema sanitario, si se tienen en cuenta las residencias, los centros de día o la propia cama hospitalaria.

Las empleadas sociales admiten que la valoración de cada situación particular tarda “como mínimo” dos años, a lo que posteriormente habría que añadir la espera del PIA (Programa Individual de Atención) -prestación más adecuada para el beneficiario en función de sus condiciones físicas y psicológicas, entre otras-, que puede demorarse otro año. “Unos tres años de media esperando por la prestación en el mejor de los casos; un sinsentido”, admiten.

Durante el proceso, “las hijas, las sobrinas o las nietas -hablamos en femenino porque casi el 80 por ciento de las cuidadoras son mujeres, según el citado análisis del Diputado del Común- dejan incluso de trabajar para atender a sus ascendientes porque en los casos de Alzheimer más graves, los afectados necesitan una cuidadora las 24 horas del día”. En este sentido, las entrevistadas admiten que, después de haber pasado la mayor parte de su vida laboral dedicada a la Atención Primaria, han tratado con familias canarias al límite con el deterioro de sus mayores. Por ende, mantienen que “es una irresponsabilidad que los ancianos regresen a sus casas sin los cuidados básicos garantizados porque inevitablemente su situación irá a peor”. “Hemos visto a muchas mujeres llorar de impotencia porque no pueden o no saben cómo gestionar la situación”, indican.

Sistemas de protección

Las profesionales de Atención Primaria coinciden en que existe un hecho claro: el Estado español reconoce un derecho que, de momento, no se cumple. “Proponemos un pacto desligado de orientaciones políticas porque tenemos que buscar más sistemas de atención para nuestros mayores”, ya que “nuestro deber como sociedad es proteger a las personas que son vulnerables”. Por consiguiente, afirman sin titubeos que “si no contamos con servicios que ayuden a los familiares, los ancianos estarán mejor en los centros hospitalarios de Tenerife”. Entienden que es necesario visibilizar el problema porque “de lo que no se habla, no existe”; un problema silenciado de puertas adentro, aquellas tras las que predominan los lloros y sollozos por no regalar un final de vida equiparado al amor más puro que una persona pueda sentir.

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