El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de servicios de atención al cliente promovido por el Ministerio de Consumo y que obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a atender a los usuarios a través de una persona física y no robot. “Ante la desesperación de no ser atendidos por una persona física esta ley profundiza en la atención que debe tener el consumidor”, aseguró la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien dice que la ley “proclama el derecho a ser atendido por persona física y no por un robot”. No obstante, conscientes de que esto puede suponer un problema para las pymes, el Gobierno excluye a todas las empresas por debajo de 250 trabajadores en plantilla.
Las principales novedades del texto pasan por el establecimiento a las empresas de un plazo de un mes para contestar a las reclamaciones realizadas por los clientes, el no reconocimiento del derecho a indemnizaciones en caso de incumplimiento de los plazos de respuesta y la eliminación de obligatoriedad de tener correos electrónicos específicos para atención al cliente. Este proyecto por ley, por tanto, “regula los servicios de atención al cliente y garantizar los derechos como consumidores”.
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