El conato de incendio que se produjo ayer en el patio del edificio Iders fue un capítulo más de una “situación insostenible” que tiene en vilo a los vecinos de los inmuebles aledaños y que ya “no aguantan más”.
Aunque las llamas fueron sofocadas en apenas quince minutos gracias a la rápida intervención de los bomberos y no hubo que lamentar daños de consideración, para los habitantes de esta zona próxima a la playa de Martiánez fue un gran susto que podría haber terminado en una tragedia, apuntaron a este periódico.
El fuego se produjo por la acumulación de basura en el sótano y en el patio de la primera planta y no se sabe si fue o no intencionado.
No es la primera vez que viven una situación de este tipo desde que se ordenó a los propietarios su desalojo, tanto de las viviendas como de los locales comerciales, por un supuesto caso de aluminosis y peligro de derrumbe, que finalmente se demostró que no afectaba a la estructura del inmueble. Desde entonces, el edificio, ubicado en la céntrica Avenida Betancourt y Molina, está dejado a su suerte y se ha convertido en una sede para personas okupas y sin hogar, muchas de ellas con problemas de drogodependencias que provocan todo tipo de escándalos y problemas de insalubridad y convivencia con los vecinos de la zona que claman una solución urgente además de la limpieza en los contenedores que están próximos donde, aseguran, “se acumulan a diario bolsas de basura, roedores e insectos de todo tipo”.
El alcalde, Marco González, es consciente de la situación y le preocupa, pero asegura que el Ayuntamiento, como administración, “está atado de pies y manos. Si fuese una cuestión municipal actuaríamos incluso solventando reparos y otras cuestiones jurídico-administrativas”. No obstante, promete que se seguirán dando los pasos para poder encontrar una solución al abandono de la propiedad.
González explica que para ello se trabaja en tres vertientes: la primera es el ámbito social, que se desarrolla junto con la Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC) intentando concienciar a las personas que están dentro de que el inmueble se va a desalojar.
La segunda, es la urbanística y está pendiente de la aprobación del segundo Plan de Modernización y Mejora (PMM) que va a dar respuesta a los propietarios, con los que el Ayuntamiento tiene una “deuda moral”. Y por último, las posibles actuaciones que se puedan hacer desde la Administración local en un inmueble que es privado pero al que por el interés general y por solventar los problemas en los edificios colindantes hay que buscarle una solución.
En este sentido, confirma González, se han dado pasos como la solicitud de insalubridad por parte de las autoridades sanitarias que fue suficiente para confirmar que había que actuar. Así, se inició un proceso de contratación invitando a diferentes empresas de limpieza pero éstas le requieren al Ayuntamiento un informe técnico actual del estado del inmueble que ya se está elaborando para garantizar la seguridad de sus trabajadores.
“Lo más probable es que este informe culmine en una declaración de ruina por el estado del inmueble y en ese caso, permitirá solicitar la autorización judicial para poder actuar”, sostiene el regidor municipal, quien confía en que esto último se resuelva en los próximos días y que no se dilate más “porque la situación se agrava y estamos todos preocupados”.
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