De las 7.000 personas desplazadas por la crisis volcánica que se desató el 19 de septiembre en Cabeza de Vaca, solo tienen alojamiento pagado por las administraciones públicas unas 700. Es lo que afirman las asociaciones de vecinos de Las Manchas, La Bombilla, La Laguna y El Remo, además de las plataformas constituidas durante la erupción volcánica, preocupadas primero por el retraso en el reparto de las donaciones, y luego dedicadas a la interlocución con el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo palmero y los ayuntamientos en las primeras semanas de la crisis, para solicitar la participación en el proceso de reconstrucción de La Palma.
En la respuesta de la Administración pública al problema habitacional se incluyen, además de esos limitados alquileres, la acogida de 550 personas en varios hoteles de la Isla. Dicen los afectados que “la caridad de los habitantes de nuestra tierra no tiene límites, pero nuestra salud mental sí, y necesita que recuperemos nuestro espacio personal y el de nuestras familias para intentar volver a formar un hogar. Necesitamos una vivienda de modo urgente”. La solidaridad que señalan se refiere al préstamo de viviendas particulares a coste cero y al apoyo de familiares y amigos que les mantienen en sus hogares, en la mayoría de los casos, desde hace casi tres meses. “Lo que puedes soportar durante unos días, unas semanas, ocupando el espacio de otras personas, ocupando un cuarto o compartiendo una casa de 70 metros cuadrados 10 personas, tiene un límite.
Muchos ya lo hemos sobrepasado”. Si se les pregunta por hechos como la cesión de cuatro viviendas de propiedad del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a Visocan para que sean destinadas a los afectados, señalan que “claro que es una buena noticia, pero hablamos de miles de personas, muchas volverán a la zona de exclusión, pero mientras tanto la situación es insostenible”.
Para acceder a una vivienda, los afectados proponen “la compra masiva por parte del Estado y del Gobierno canario o a través del acceso al alquiler. Estos inmuebles serían de propiedad pública cedidos a los afectados, hasta que el Estado asumiera su responsabilidad patrimonial y nos indemnizara por el valor de nuestras propiedades en la fecha de la erupción”.
