El principal problema que está encontrando la Comunidad Autónoma de Canarias con el cuidado de menores inmigrantes no acompañados es que muchas de las personas “que dicen ser niños y niñas, luego no lo son”, manifestó ayer en el pleno del Parlamento la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana. De tal circunstancia se deriva el riesgo de que convivan adultos con niños en los centros. Se han dado casos, ilustró, de adultos de 46 años a la espera de que se les realicen las pruebas. Actualmente, concretó, están pendientes más de 1.300 supuestos menores.
En consecuencia, el Gobierno regional insiste en su propuesta al Ministerio del Interior de que se evalúe “a pie de costa” a los niños no acompañados. La idea es que lo hagan personas de entidades dedicadas a la protección de la familia, algo que ya se denegó en consonancia con las medidas de seguridad sanitaria vinculadas a la pandemia de coronavirus. El Ejecutivo autonómico no desiste y se lo ha trasladado al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que ha transmitido a su vez que se aumentará el número de efectivos encargados de cumplir con este trámite, lo que “aliviará muchísimo la presión”.
Santana respondió de este modo a María del Río, de Sí Podemos Canarias, y Casimiro Curbelo, de ASG. A ambos les trasladó que las autoridades autonómicas han hecho su trabajo y han acudido a todas las vías disponibles para reclamar un reparto responsable de los menores. “No es una cuestión de solidaridad, sino de corresponsabilidad. Es una crisis humanitaria, porque los niños llegan a España y se tienen que hacer corresponsables el Gobierno [central] y el resto de las comunidades autónomas”. Precisamente, la consejera ha hablado de este asunto con la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de su partido, Podemos.
Ione Belarra se ha comprometido a incluir el protocolo de reparto de menores no acompañados en la próxima reunión de la comisión interterritorial. Santana lamentó que este extremo se haya ralentizado en el tiempo: “Otras comunidades están poniendo problemas para acoger niños”. Y ha vuelto a pedir una cita con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá: “Hay quien no entiende que una fuerza de progreso reclame la implicación para que no se deje a Canarias en solitario, pero nos da igual que nos critiquen, porque por delante está Canarias”.
Curbelo reiteró que la inmigración es un “tema de Estado” y convocó a los partidos políticos a un “debate sosegado y de cooperación”. A Canarias “la han dejado sola en la atención a los menores migrantes”, se quejó. “Somos humanos y atendemos siempre a los menores, haya dificultades o no, pero se requiere que todos estemos a una. Habría que modificar la ley; si no, el caos reinará en el futuro. No hay capacidad. Nos vamos a desbordar”.
Del Río afeó a la Administración General del Estado que “mire para otro lado” cuando se trata de continuar “acogiendo con dignidad a las niñas, niños y jóvenes” que viajan solos en embarcaciones clandestinas.
Ángel Víctor Torres incidió en que “no puede ser que Canarias asuma todo en inmigración”. El jefe del Ejecutivo regional lo planteará en la Comisión Bilateral del 23 de febrero.
Antona y Clavijo apelan a la Conferencia de Presidentes
El senador autonómico y portavoz adjunto del Grupo Popular, Asier Antona, ha solicitado que se trate de manera urgente “el grave problema migratorio que atraviesa Canarias” en la Conferencia de Presidentes del viernes 25 en La Palma. Al respecto, censura la “ausencia de una política migratoria por parte del Ejecutivo central” y “las contradicciones en las que caen los ministros”. Otro senador autonómico, el secretario general de CC, Fernando Clavijo, reprocha al Gobierno regional que defienda una solución a la gestión de los menores no acompañados “cuando llevan dos años bloqueándola en Madrid”.
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