Los miembros que conformaban la red que organizaba peleas ilegales de perros -un Policía Local de Adeje, entre otros-, a los que dopaban para que fueran más agresivos y sometían a un “cruel maltrato” desde su nacimiento, y que fue desarticulada en 2017 en Tenerife se han enfrentado este lunes a la Justicia en un macrojuicio. La Fiscalía de Madrid ha alcanzado un acuerdo de conformidad con 19 de los 23 acusados ante el reconocimiento de los delitos imputados, que son pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos.
Una decisión tomada por los tribunales que ha entristecido a los colectivos animalistas que vivieron el horror en primera persona, designándolo incluso como “la peor de las pesadillas”. Y es que numerosos voluntarios acudieron a las zonas donde los implicados organizaban las disputas entre canes -un chalé en Güímar y una finca en Arona- para rescatar a los 230 animales considerados potencialmente peligrosos. “Estaban ensangrentados y malheridos entre suciedad, fármacos y dolor, mucho dolor”, asegura una de las activistas, a quien le aterra pensar que si alguna de sus mascotas se pierde en la Isla, pueda acabar en manos de estos “desalmados”.
Los animalistas han compartido con DIARIO DE AVISOS algunas imágenes inéditas captadas durante el rescate en ambos municipios tinerfeños que recogen “el maltrato extremo al que estaban sometidos los perros sin compasión”. “Estaban infinitamente aterrados, heridos, caquécticos y robados de sus familias”, agregan.
La plataforma Change.org ha iniciado una campaña que pide “justicia para los perros de peleas de Canarias y Madrid”. “Llevamos cinco años esperando a que se celebre el juicio y que los miembros de la red criminal sea juzgados por estos hechos, tiempo en el que a mi perro jamás le ha desaparecido el miedo de su mirada”, cuenta la impulsora de la solicitud, que además es una de las voluntarias que actualmente tiene en acogida a uno de los animales afectados.
La petición ha conseguido más de 18.000 firmas en apenas cinco días en una semana clave para la aplicación de la ley en defensa de los animales en nuestro país.
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