violencia de género

“Los mensajes negacionistas de la ultraderecha son cómplices de los agresores y han sido blanqueados a riesgo de quemarnos”

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género

Nos cuesta encontrar el momento para esta entrevista porque la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tiene la agenda repleta. Pero, cuando por fin hablamos, el rato de conversación discurre sin prisa. Esta magistrada en excedencia, nacida en Murcia pero afincada en Canarias desde hace muchos años, tiene una conversación densa y un análisis profundo de las condiciones en las que se produce la violencia de género y de los mecanismos para luchar contra ella. También en estos momentos de incertidumbre en los que vivimos.

-¿Qué análisis hace de la situación de la violencia de género durante la pandemia?

“Según un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género encargado a Miguel Lorente, que fue también responsable de este organismo, el número de asesinatos disminuyó durante el confinamiento más estricto del estado de alarma. Y 2020 ha sido el año con menos número de asesinadas de toda la serie histórica desde 2003, que es cuando se empezó a realizar este cómputo. Aunque los datos son todavía provisionales, porque aún hay algunos casos en investigación, 2021 sería el siguiente año con menor número de asesinadas. Por lo cual, sí creemos que la incidencia está bajando. Sin embargo, la convicción de los expertos es que, durante la fase más dura de la pandemia, sí que hubo más violencia dentro de los hogares, pero menos física. Era una violencia de control. Lo que pretende el agresor machista no es tanto hacer daño como demostrar a la mujer que es suya, que está subordinada a él. Y cuando una mujer está confinada 24 horas al día con él, el agresor no desencadena una violencia extrema porque no lo necesita, ya obtiene lo que persigue mediante esa violencia de control”.

-¿Aumentan las llamadas al 016, el número de teléfono de atención a las víctimas?

“Siguen aumentando, lo cual implica la consolidación del servicio. Además, desde marzo de 2021 lo pueden utilizar las víctimas de todas las violencias contra las mujeres que recoge el Convenio de Estambul. Es decir, la violencia sexual, el acoso, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, todas las violencias que, según el Consejo de Europa, son contra las mujeres por razón de género. Y desde marzo de 2022, a raíz del conflicto en Ucrania, se ha extendido a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual o víctimas de explotación sexual, no como una emergencia sino como algo permanente. Lo que resultó espectacular fue el incremento de llamadas durante los meses del Estado de alarma. De hasta el 400%. Sobre todo a través de Whatsapps al número 600000016, un instrumento que puso en marcha este equipo. Eso refleja cómo, ante la violencia de control, había muchas mujeres que no podían realizar una llamada en voz alta desde su propio domicilio. Por eso es importante que las mujeres sepan que también pueden ser atendidas por Whatsapp o por correo electrónico”.

-¿Cuáles son las medidas estructurales que ha tomado el Gobierno en materia de violencia de género en esta legislatura?

“Aunque no sea una gran medida legislativa, yo creo que esta ampliación del servicio del 016 es muy importante. Por otro lado, el avance de la Ley de Infancia, en la línea de que un maltratador no puede ser un buen padre y ordenando la suspensión del régimen de visitas para los progenitores agresores me parece un paso muy relevante. Y la gran medida legal de este Gobierno, que está a punto de salir del Congreso, es la ley del ‘solo sí es sí’, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada no solo desde Igualdad, sino también desde Justicia, Interior y otros ministerios. En España ha habido una gran brecha, pues la Ley Integral de Violencia de Género, en parejas o exparejas, que es puntera, sin embargo no amparaba a las víctimas de otras violencias. Sobre todo, de la violencia sexual. También me gustaría destacar que, en cada crisis, bien fuera la pandemia, el volcán de La Palma o la Guerra de Ucrania, ha habido una perspectiva de género y de infancia que no existía con anterioridad, cuando gobernaba el PP. Con planes y medidas específicas. En el 016, por ejemplo, se ha contratado a cuatro operadoras que hablan en ucraniano. En La Palma ha habido una financiación específica de Igualdad de casi medio millón de euros para protección contra la violencia de género”.

-¿Lo ocurrido recientemente en el pueblo valenciano de Sueca, donde un padre condenado por violencia machista asesinó a su hijo porque tenía la custodia compartida, se puede considerar un fallo del sistema?

“Sí. Creo que nadie se debe ofender, y mucho menos las instituciones, por la búsqueda de responsabilidades. Lo que no se puede nunca es culpar a la víctima de violencia vicaria de no haber verbalizado ante un órgano judicial una sentencia anterior cuando cualquier órgano judicial que lo solicite tiene acceso a todas las medidas de alejamiento que se hayan dictado en toda España. La judicatura está pidiendo una alarma automática, que ojalá llegue, pero mientras, hay un sistema al que tienen acceso todas y todos los letrados de la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal y los juzgados. Y se tarda cinco minutos en consultar. Creo que es conveniente que reflexionemos sobre los fallos que ha habido. De circunstancias terribles como esta han surgido luego leyes o medidas que han servido para evitar situaciones similares”.

-Si en los contextos de violencia de género, los hijos están en peligro, ¿no debería haber un monitoreo de servicios sociales para que estas situaciones no se produzcan? Se pueden dar casuísticas miles por las que un hijo termine viendo al padre…

“Los mismos que te dicen que por qué no pones a un trabajador social y un policía detrás de cada víctima de violencia de género son los que luego abogan por el adelgazamiento de los servicios públicos y la precarización del Estado. Un seguimiento es posible, pero no habría evitado esto tanto como una prohibición al padre de acercarse a ese niño. Cuando hay una situación de violencia, de entrada se puede acordar una medida judicial de alejamiento tanto de la madre como de los hijos”.

-El otro día hablaba usted sobre la falta de perspectiva de género en la justicia, pero ¿no le ha parecido algo sesgado ese cartel del Instituto Balear de la Dona, con la caricatura de un juez poniendo en duda el testimonio de una mujer maltratada por el hecho de estar viva?

“Yo escribo muy poco en medios, pero uno de los pocos artículos que he publicado se titulaba Muerta y te creo. No voy a opinar sobre el cartel desde un punto de vista estético. Pero creo que es cierto el mensaje de que a las denunciantes que están vivas no las creemos, que la justicia, en general, las valora menos que a los hombres que sufren otro tipo de delitos y que, cuando ya están muertas, entonces las llamamos maltratadas o víctimas de violencias machistas. La judicatura, en vez de enfadarse por una imagen y exigir su retirada, creo que podría reflexionar sobre lo que pueda haber de cierto. A mí misma me ha costado identificar algunos sesgos patriarcales y antifeministas que tenía como jueza. Y lo reconozco. Mis críticas a determinadas resoluciones forman parte de mi evolución profesional. La Ley de la Infancia y la suspensión de las visitas por parte de los padres agresores, por ejemplo, reacciona frente a un principio machista de la justicia patriarcal: nosotros crecemos en un sistema machista pensando que, cuando un hombre y una mujer ponen fin a su convivencia, el interés superior de los menores es estar el mayor tiempo posible con cada uno de ellos. Pero si uno es un agresor, eso decae. El interés superior de los menores es a una vida libre de violencias. Tienes que ponerte las gafas moradas y analizarte a ti misma, tus propias resoluciones. Y las de tus compañeros, claro. Porque esos prejuicios pueden hacer mucho daño. A la infancia y a las propias madres que, muchas veces, para protegerlos, se han metido en círculos infernales de desobediencia a la autoridad judicial, de detenciones, incluso de condenas”.

-A pesar de los avances, uno de cada cinco hombres jóvenes de entre 15 y 29 años considera que la violencia machista no existe y que es un invento ideológico, según el barómetro de juventud y género de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción…

“Bueno, eso es un estudio privado realizado con una muestra pequeña, seleccionada por internet y ofreciendo premios. No está hecha con datos del Instituto Nacional de Estadística. Los datos oficiales apuntan a que las nuevas generaciones han sido, hasta ahora, más feministas que las anteriores y han superado algunos estereotipos, como el de que los celos son amor, cuando son lo contrario, una reacción de inseguridad que muchas veces genera violencia. Tampoco creen en el mito de la media naranja. Y, en general, son menos violentos. Pero hay algo que nos preocupa mucho, y es que ahora mismo, los mensajes negacionistas sobre la violencia de género de la ultraderecha, como los de Vox, sí que están calando en la juventud. Sobre todo, porque los jóvenes están menos preparados que las personas adultas para resistir estos mensajes. El negacionismo es cómplice de los agresores. Cuando tú niegas la violencia, hablas de denuncias falsas y humillas y avergüenzas a las víctimas o a quienes defienden a las víctimas, estás favoreciendo que estas se retraigan a la hora de denunciar. Y eso es lo que quiere el agresor, que la víctima siga en silencio para que no termine la violencia. Yo creo que, de cinco años para acá, muchos medios y sectores políticos han blanqueado a la ultraderecha, han jugado con fuego sin ver el riesgo que teníamos de quemarnos”.

-¿Y cómo se puede cambiar esta situación?

“Pues haciendo una autocrítica como país. Y además, hay algo esencial: la educación. Es la que tiene que compensar esos mensajes a científicos; el conocimiento, el estudio de los derechos humanos, formar a una ciudadanía en igualdad, que la gente tenga información sobre cómo se vivía en regímenes donde no había igualdad, como los fascismos, que es a donde nos quiere devolver la ultraderecha”.

-¿No hacen falta más campañas publicitarias para entender y de construir todo ese machismo estructural…

“Después de la Dirección General de Tráfico, somos los que más presupuesto tenemos, aunque es bastante inferior al de ese departamento. En todo caso, es un presupuesto limitado. Pero hacemos bastantes campañas. Las dos últimas de la Delegación han sido premiadas, aunque yo creo que no se les ha dado demasiada relevancia”.

-Yo me refiero a campañas tipo ‘prime time’, como esas que impulsaron grandes cambios culturales en el tráfico, en el uso del preservativo… Nadie olvida aquellos anuncios…

“Lamentablemente, eso es muy caro. Yo creo que hay cosas de servicio público que deberían ser gratuitas, pero la inserción en ‘prime time’ cuesta millones de euros. Obviamente, nos gustaría tener dinero para que se pudieran ver este tipo de anuncios después de cada telediario, de cada programa de entretenimiento o en los canales de youtube a donde van los jóvenes. Tampoco hay nadie que se ofrezca a hacerlo gratuitamente. Las empresas que ahora han querido tener un gesto con Ucrania quizá no tengan esos mismos gestos públicos contra la violencia…”.

-Cambiando de tema, ¿ha hablado con Meri Pita para pedirle que deje el acta del Congreso?

“Yo he hablado con Meri. Ella ha hecho un diagnóstico que es perfectamente legítimo y donde creo que podría tener razón en algunas cosas. No comparto la decisión que ha tomado, aunque parte del diagnóstico, sí. Pero Meri Pita es mi amiga. Y además de eso, es una persona a la que yo le reconozco una trayectoria política y una honestidad intachables. Creo que sería muy injusto que un último borrón en un último párrafo ensuciara toda una vida de lucha por los derechos de la clase trabajadora y por el progreso de Canarias”.

-¿Cree que se debería ocupar ya el escaño de Alberto Rodríguez o habría que esperar a que se resolvieran sus recursos en los tribunales?

“Eso tiene que decidirlo Unidas Podemos en Canarias. Mi opinión personal es que hay que tratar de evitar riesgos en votaciones que están, lamentablemente, muy ajustadas, como sucedió en la reforma laboral. Yo me he pronunciado jurídica y públicamente sobre la barbaridad que me pareció que Alberto tuviera que abandonar su escaño. Pero como ahora mismo no tiene remedio, porque el Tribunal Constitucional no ha adoptado una medida cautelar de suspensión de la decisión de la presidenta del Congreso ante su recurso de amparo, creo que habría que intentar que las leyes progresistas que tanto están sirviendo a este país no corrieran peligro por un solo voto. Pero insisto, es una decisión de Unidas Podemos Canarias”.

-¿Usted se siente dentro del espacio de Yolanda Díaz? Porque cada vez son más evidentes las diferencias entre ella y algunas personas de Unidas Podemos…

“Yo no pertenezco al espacio político de Unidas Podemos ni he militado nunca. Ni podría hacerlo, porque soy magistrada de carrera y la Constitución me lo prohíbe. Pero me parece que hay personas que, por nuestros perfiles, incluso profesionales, ayudamos más a las políticas de progreso si tendemos puentes y no nos metemos en la refriega interna. Ese es mi caso. Tampoco lo hice hace años, cuando se creó Más País”.

-Por cierto, ¿le gustaría que Íñigo Errejón estuviera en ese espacio liderado por Yolanda Díaz

“Ya dije en una entrevista que yo tengo buena consideración personal de Íñigo y de Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, pero ya le he comentado que sobre las cosas internas prefiero no pronunciarme. Sobre las de Unidas Podemos y sobre las de todo el bloque histórico de la izquierda, que sí que espero que se configure. Creo que eso hace mejor a la izquierda del PSOE, al propio PSOE y, lo que es más importante, al conjunto del país”.

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