Tres días después de su llegada a Tenerife, que no tuvieron reparos en anunciar a través de las redes sociales, tres miembros de la empresa Desokupa, creada por Daniel Esteve en la Península, se mantienen en San Isidro, en Granadilla de Abona, con el objetivo de desokupar, junto a otros miembros incorporados en la Isla, un edificio de unas 60 viviendas muy cerca del IES Magallanes y de otros inmuebles que también llevan tiempo okupados.
Llegaron el miércoles, a las seis de la mañana, y rompieron puertas para acceder a la azotea y clausurar con una puerta de acero la entrada a las cubas y placas solares, que hasta ese día le daban agua y luz a un centenar de vecinos que residen ahí, algunos desde hace 15 años, en calidad de okupas de un edificio del que se desconoce el dueño, pues en el registro figura aún como terreno y desde luego no cuenta con cédula de habitabilidad.
El supuesto propietario del inmueble contrató, al parecer, a esta empresa con la intención, según expone Daniel Esteve, de supuestamente vaciar los contenedores de agua ubicados en la azotea, por riesgo de desplome. Sin embargo, los okupas consideran que se trata de una medida de presión para echarlos.
Por ahora, todos los vecinos se mantienen en sus pisos, y plataformas como Vivienda Digna Montaña Clara o colectivos vecinales como las del cercano edificio Las Acacias se turnan en guardias para que los desokupas no entren en las mismas y “se apoderen de ellas” sin una orden judicial que les ampare, como señala Óscar López, miembro de esos dos colectivos. “Aquí solo han entrado con un registro de un perito, pero sin orden judicial alguna, aunque en presencia de la Guardia Civil”, expuso.
gran tensión
Durante esa mañana del miércoles se vivieron momentos de mucha tensión entre la empresa y los vecinos. Daniel Esteve, propietario de Desokupa, asegura que se ha tomado esta medida por “riesgo de colapso”, ya que los vecinos “han llenado el terrado de depósitos ilegales”. Es más, reconoció Esteve, que en nombre del propietario -que se negó a revelar su identidad-, han ofrecido alternativas a los vecinos para llegar a acuerdos que regularicen la situación, algunos ofreciéndoles 1.500 o 2.000 euros. A través de su abogado, según Esteve, también se les ofrece “un alquiler simbólico”. En ocho semanas deberán abandonar el inmueble y “la propiedad les ayuda económicamente para que se puedan ir a otro sitio”.
Los okupas, sin embargo, se resisten a marcharse, porque afirman no tienen conocimiento de ningún dueño y contaron con el permiso del Ayuntamiento para entrar a esas viviendas e instalar las cubas de aguas y las placas solares, según explicaron.
Desokupa, sin embargo, afirma que cuenta con el permiso del Ayuntamiento para colocar las puertas de acero y cerrar la azotea, algo que se niega desde el Consistorio, que solo habla de una solicitud.
Para algunos vecinos, limitar su acceso a los suministros es como “una condena a muerte”. La portavoz de la plataforma Vivienda Digna Montaña Clara, Joana Trujillo, lo considera una forma de “hacer fuerza, amedrentar, asustar y coaccionar” para que se vayan. Mientras tanto, algunos de ellos ya han recibido la fecha del juicio de desahucio para mediados del mes de mayo, aunque siguen desconociendo quien propuso tal medida.
El Sindicato de Inquilinos de Tenerife, así como varios colectivos antidesahucios y asociaciones de vecinos, como Las Acacias y Tabaiba, convocaron para hoy una rueda de prensa para “desmontar las mentiras y falsedades de la empresa Desokupa”.
Desde el Ayuntamiento de Granadilla se informa de que Desokupa no cuenta con ningún permiso de registro, pero sí reconoce que el propietario del mismo presentó una solicitud en el SAC (Servicio de Atención Ciudadana).
Agresiones
Al igual que los colectivos antidesahucios denuncian “agresiones” de Desokupa, Daniel Esteve escribía el miércoles en su página de Facebook que “los okupas reaccionan violentamente y esta tarde agreden a un cámara y un periodista, además de enfrentarse a la Guardia Civil de la zona que proceden a la detención de dos okupantes. Gran actuación de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio ante este grupo que pretende seguir okupando sin pagar siquiera los alquileres de 450 euros que ofrece la propiedad. Seguiremos en la isla hasta el final de la desokupación”.
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