Siete familias okupas de San Isidro son juzgadas por “usurpación”

Siete familias de okupas, de las 48 que habitan el edificio Tabaiba, en San Isidro, algunas desde hace 10 años, fueron juzgadas el martes en Granadilla de Abona y en una semana conocerán la sentencia del juez en un procedimiento abierto por la vía penal, en las que se les acusa a todas ellas de “usurpación”, al ocupar a la fuerza una propiedad, ahora privada. La pena por usurpación podría acarrear incluso penas de cárcel, aunque Israel Ojel, del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, sostiene que “lo normal es que queden absueltos y se proceda posteriormente a un acuerdo económico, pero no por 1.500 euros, con el nuevo propietario, siempre que demuestre con papeles que compró legalmente el edificio y si no lo hay, se procedería a un desahucio y una multa”.

Por lo pronto no hay más citaciones pendientes, pero no es de extrañar que el juez siga poniendo fecha al resto de inquilinos okupas, la mayoría de ellos en situación de vulnerabilidad y sujetos por tanto a la moratoria antidesahucios aprobada a raíz de la pandemia de la COVID-19, que expira el 30 de septiembre.

Hay que recordar que las familias entraron a vivir a este edificio hace 10 años y con la autorización del Ayuntamiento de Granadilla, al ser personas en situación de vulnerabilidad. Lo único que les dijeron fue que no les podían poner la luz ni el agua, al contar la parcela como terreno y no como edificio, por lo que se autogestionaron poniendo bidones de agua y placas solares que pagan ellas mismas. “Aquí nadie le ha quitado la casa a nadie, esto era público. No existía ese pobre propietario al que le han ocupado su vivienda”, señalan desde las plataformas antidesahucios.

“Estas familias invirtieron en el edificio, pues se encontraba en pésimas condiciones. Poco a poco lo hicieron habitable con mucho amor, trabajo, sudor y esfuerzo, con el amparo de las instituciones. Crearon su hogar con la esperanza de quedarse aquí para siempre, y de que el Ayuntamiento cediera los inmuebles como viviendas sociales debido a su situación de vulnerabilidad, pero se vendieron a un fondo buitre extranjero con todas esas familias y niños dentro, como si fueran mercancía”, señala Pilar, una vecina.

El nuevo propietario contrató a la empresa Desokupa para “convencer” a los okupas de que abandonasen las viviendas. El primer día cortaron la red de agua de los bidones de la azotea, argumentado que era un riesgo por su peso, además de clausurar tres puertas de entrada. Los vecinos denunciaron a Desokupa y solicitaron “una orden de alejamiento”.