El Gobierno de Canarias prepara una ofensiva ante el Ministerio de Hacienda, el Parlamento Europeo y la Comisión para “llegar a tiempo” antes de que se apruebe la tasa al CO2 en el transporte, y que se excluya de una manera clara a las conexiones aéreas de otros países con las Islas. El jefe del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, compartió ayer con sus compañeros del Consejo la preocupación que esta directiva de la UE ha provocado en las regiones ultraperiféricas y expresó su convicción de que, en este ámbito, deben producirse más avances.
Aunque se ha logrado un acuerdo para prorrogar hasta 2030 la excepción a esta tasa en los vuelos entre Canarias y el territorio peninsular, subsisten dos problemas: uno es el de que tampoco se aplique en los vuelos interinsulares o, como ilustró Julio Pérez, en un trayecto entre Lanzarote y La Palma. Torres admitió que, según la Comisión Europea, no hay dudas en este ámbito y que no cabe otra interpretación. Sin embargo, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma reclaman una mayor precisión. Parece que en este extremo no va a haber dificultades y el Ministerio de Hacienda está en sintonía con Canarias, recalcó el portavoz. Donde va a haber grandes dificultades es en lo que respecta a las conexiones aéreas con otros países, puesto que existe “una inercia” entre los responsables de medio ambiente de la UE de que en todos los vuelos debe materializarse este gravamen para reducir la huella de carbono.
Canarias buscará ser una excepción “de manera clara” con dos estrategias: una de la Consejería de Turismo, con un sistema de incentivos aún no bien definido jurídicamente para compensar los sobrecostes, y otra basada en los esfuerzos propios del Archipiélago para reducir sus emisiones de carbono. En este último caso se argumentará que no hará falta “penalizar” a los aviones, porque Canarias compensará su efecto con su propia planificación de descarbonización, aumento de energías no fósiles y aprovechamiento del suelo con espacios verdes. Pérez resumió que se trata de encontrar “la complicidad activa” del resto de instituciones. Por ello, Torres se ha dirigido a varios eurodiputados para que presenten iniciativas ante la Comisión y la Eurocámara, a la vez que se “activará” al Ministerio de Hacienda. En definitiva, el Ejecutivo autonómico “no va a dejar de batallar” ante el de España y ante la CE, si hiciera falta, para “resolver este asunto antes de que se apruebe la directiva en cuestión”. Julio Pérez arguyó que el Tratado de la Unión Europea ampara la singularidad de las medidas en los territorios ultraperiféricos. Esta semana, en Martinica, la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, avaló que también los vuelos entre las islas queden exonerados.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas