El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha elevado a la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo (TS) una exposición razonada en pieza separada sobre la presunta implicación del senador Fernando Clavijo Batlle en el denominado caso Reparos cuando era alcalde de La Laguna, al entender la instructora de estas diligencias previas (las 323/2018) que “hay indicios de que el señor Clavijo podría haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa, al solventar reparos de la intervención” en múltiples expedientes. Como Fernando Clavijo es senador, su aforamiento nacional determina que solo el Supremo podría investigarle, en el caso de que se estime, el escrito de la magistrada de La Laguna.
Así informó el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre dicha exposición razonada hecha pública ayer y que supone que, nuevamente, el TS investigue un caso relacionado con Clavijo, secreterio general de Coalición Canaria. Curiosamente, en la anterior ocasión, la del caso Grúas, fue exonerado con unos argumentos que precisamente son los que ahora sustentan jurídicamente la decisión de la jueza lagunera, que, por otra parte, ha hecho suyos los presentados desde la Fiscalía Anticorrupción. No en balde, los expertos siempre alertaron sobre la relevancia de este caso Reparos, denunciado en su día por el también senador Santiago Pérez (PSOE), primero en los plenos del Ayuntamiento lagunero y finalmente en los juzgados.
La resolución judicial que nos ocupa apunta a que Clavijo levantó (ignoró) numerosos reparos elevados desde la Intervención Municipal en decenas de expedientes entre 2011 y 2014, de tal modo que se enumera un total de 40 procedimientos administrativos de otras tantas contrataciones de servicios municipales que resultaron afectados sustancialmente por hasta 38 decretos firmados por Clavijo para obviar las referidas advertencias del interventor. Este dato es relevante, porque el levantamiento de reparos sí está contemplado por la Ley, pero siempre que sea algo excepcional y no reiterado, como insiste el denunciante al describir lo acaecido como un “modus operandi”.
Para la jueza, esos indicios de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa se sostienen en que, a su juicio, las prórrogas de tales contratos eran improcedentes, como en todas las ocasiones avisó el interventor municipal, además de recurrir a la utilización, aquí calificada de “fraudulenta”, de la figura del contrato menor, que no puede durar más de un año ni ser prorrogado.
Sobre si Clavijo era consciente de lo que hacía, en la exposición motivada que nos ocupa se apunta que parece “muy difícil” que, siendo el líder de Coalición Canaria economista titulado y con más de 20 años de experiencia en la Administración pública en diferentes cargos, desconozca “los pilares” de la contratación pública, que se basan en el libre acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
En la misma línea, entiende que es “difícil” que no conozca que los contratos no los puede realizar de forma indefinida la misma empresa ni la “obligación” que tiene la Administración de planificar las contrataciones para garantizar los servicios a los ciudadanos.
Un lastre entre el 15% y el 20% para un Ayuntamiento de por sí intervenido
La jueza achaca a Clavijo que no ordenase que se tomaran medidas para evitar la reiteración de las prórrogas -en algunos casos hasta ocho años-, pese a que fue informado por un equipo gestor, aparte de que ocasionaba un “perjuicio” a las arcas municipales, dado que el plan económico-financiero 2011-13 implicaba que las contrataciones que salieran a licitación bajarían su coste entre un 15% y un 20%. Todo ello, en un Ayuntamiento como el de La Laguna en aquella época, que en la práctica se encontraba intervenido por el Ministerio de Hacienda tras el quebranto económico resultante de la etapa de Ana Oramas como alcaldesa. Resta añadir que el caso Reparos, surgido tras una denuncia de Santiago Pérez que amplió hasta en dos ocasiones, consiste en que tanto Clavijo como otros antiguos mandatarios laguneros levantaron sistemáticamente los reparos de legalidad que interponía la Intervención Municipal a la hora de dar continuidad -sin sacar a concurso- una serie de concesiones de servicios municipales, hechos que supusieron al Ayuntamiento un coste total de entre 60 y 80 millones.
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