La Agencia Tributaria está llevando a cabo una inspección exhaustiva de los ingresos y gastos de Juan Carlos I en los ejercicios fiscales posteriores a su abdicación, investigación que incluye la petición de acreditación del origen de los fondos con los que se han pagado bienes, servicios y actividades llevadas a cabo por el rey emérito cuando residía en España.
Las actuaciones inspectoras cumplieron un año el pasado mayo y pueden extenderse seis meses más. Pero no están teniendo la misma intensidad en todas las fases.
La inspección se inició después de que Juan Carlos de Borbón presentara una declaración complementaria del IRPF por un importe total de 4.395.901,96 euros para regularizar los vuelos privados que le pagó su primo Álvaro de Orleans a través de la Fundación Zagatka.
Al comienzo, los inspectores no sólo requirieron un aluvión de documentación sobre los pagos asumidos por Zagatka sino que también reclamaron las cuentas bancarias del rey emérito, las tarjetas que ha utilizado y numerosos datos sobre su patrimonio. En definitiva, prácticamente toda la vida económica del exjefe del Estado durante los años anteriores a su traslado a Abu Dabi, en agosto de 2020.
A partir de esa información, la Agencia Tributaria ha hecho comprobaciones hasta el más mínimo detalle, por ejemplo para saber si fue Don Juan Carlos u otra persona el que pagó una partida de jamones ibéricos encargados para La Zarzuela, según han indicado fuentes conocedoras de las actuaciones.
Sin embargo, los requerimientos de información a los representantes del rey emérito habían cesado en las fechas previas a la visita de Juan Carlos I a Sanxenxo el pasado 19 de mayo y se reanudaron tras este viaje a España del rey emérito, que produjo malestar tanto en la Casa Real como en el Gobierno.
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