Canarias prohibirá talar árboles en zonas urbanas. El Parlamento de Canarias apoyó ayer por unanimidad tramitar una proposición de iniciativa popular, que reunió casi 18.800 firmas, para elaborar una ley de protección del arbolado urbano y que obliga a los municipios a hacer un inventario de sus ejemplares.
La proposición de ley de iniciativa legislativa popular fue defendida ante el Pleno de la Cámara regional por Domingo Afonso, quien señaló que solo existe una norma de este tipo, aprobada en Madrid, y defendió su necesidad porque, pese a las “muchísimas funciones” que desempeñan, los árboles urbanos están en peligro.
El portavoz también se refirió al papel de los árboles de ciudad y pueblo como reguladores del dióxido de carbono (CO2), además de su función en lugares de esparcimiento y recreo y s contribución a evitar ruidos y partículas contaminantes.
Sin embargo, dijo, hay unos 100.000 grandes árboles urbanos “en la lista negra” por motivos como la construcción de infraestructuras, aparcamientos y remodelación de inmuebles, y, a diferencia de los ejemplares situados en suelo rústico, carecen de protección alguna, por lo que la supervivencia de un árbol de 200 años “depende del concejal al que le toque tomar la decisión”, añadió.
Por otra parte, en el ámbito de residencias privadas, Afonso manifestó que depende de la voluntad de los propietarios. Para este portavoz de los 18.000 firmantes, existe “una especie de odio endémico al árbol”.
La ley puede ser una herramienta útil para los ayuntamientos que, en su opinión, muchas veces cortan árboles por presiones de tipo urbanístico, “e incluso de la propia ciudadanía”. En el texto de la iniciativa legislativa popular se establece la protección de todos los árboles urbanos de más de 15 años de antigüedad o más de 20 centímetros de diámetro del tronco a 1,40 centímetros del suelo, se prohíben las talas y propone siempre como alternativa el trasplante, excepto cuando hay riesgo para la seguridad.
También prohíbe las podas drásticas que afecten a más de un tercio de las ramas y las que se efectúan fuera de época, lo que daña la viabilidad del árbol y puede afectar a la avifauna. En el texto de la iniciativa, que ahora será debatido en ponencia, se estipula asimismo la obligación de los propietarios de árboles catalogados dentro del inventario a su mantenimiento, y los promotores creen que se podrían articular compensaciones por este esfuerzo.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas