Un insólito panorama de escaparates y edificios públicos apagados fue anoche en toda España la muestra más palpable de la entrada en vigor de las primeras medidas -y, con ellas, también las primeras restricciones- del plan de ahorro y eficiencia energética que ha impulsado el Gobierno central.
Un plan en consonancia con la estrategia de la Unión Europea (UE) para hacer frente a la escalada inflacionista y también al riesgo -cada vez menos remoto- de que desde Rusia Vladímir Putin decida cerrar el grifo por completo y de manera permanente al suministro de gas en Europa, como represalia a la condena de la UE a la guerra que ha llevado hasta Ucrania.
Más allá del debate político -que, como es lógico, lo hay, y muy intenso- entre el Ejecutivo central presidido por el socialista Pedro Sánchez y las cinco comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, prácticamente nadie cuestiona el fondo del asunto, la necesidad de ahorrar energía, pero sí las formas, las maneras que se han ideado para hacerlo posible.
Y así, entre apoyos e incertidumbre, voluntad de cooperar, rechazos frontales y críticas a la supuesta improvisación, España, y Canarias, estrenaron anoche una nueva época en la que derrochar, de entrada en el aire acondicionado, la calefacción y la luz, aparte de estar mal visto, puede ser sancionado de forma muy contundente.
PRIMERAS REACCIONES
Como en el resto del país, la hostelería y el comercio del Archipiélago son los sectores más afectados por este primer paquete de restricciones. DIARIO DE AVISOS se puso ayer en contacto con representantes empresariales, quienes, asumiendo con resignación este plan de ahorro energético, criticaron lo que entienden como “improvisación” y “falta de diálogo” por parte de la Administración central en la elaboración de esta estrategia.
Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), lamentó, por ejemplo, que la nueva normativa se ha diseñado “sin conocer” realmente cuál es la situación de estos sectores afectados y también sin tener en cuenta las particularidades de cada región. Moujir argumenta que la naturaleza del principal motor económico de las Islas hace que las restricciones de iluminación afecten de forma notable a las zonas turísticas.
En sintonía con lo dicho por el presidente de Fauca, el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina, echa en falta más diálogo, pero también “pedagogía” en el proceso de aplicación del plan de ahorro y eficiencia energética. Medina, en todo caso, considera que la sociedad está ya suficientemente concienciada acerca de la necesidad de buscar alternativas para afrontar la crisis energética.
Desde la Asociación de Restauración y Ocio de Santa Cruz (Aero), su vicepresidente, Carlos Quintero, alude al sobrecoste que supondrá implementar las medidas que se han promulgado, sobre todo para un sector que no se halla en un momento boyante y ha sido uno de los más damnificados por la actual situación económica.
En la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), su presidente en Tenerife, Pedro Alfonso, se muestra muy crítico hacia lo que considera una normativa que no nace del consenso y ha sido “impuesta” a los empresarios, que “se ven claramente perjudicados”.
Multas de hasta 100 millones de euros para las infracciones muy graves
Los espacios comerciales, edificios públicos, recintos culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno central afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado que las sanciones que se aplicarán son las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez en los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.
No obstante, la ministra Teresa Ribera ha puntualizado: “No se pretende sancionar, se pretende encauzar. No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y, sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas”.
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