Las aguas de Canarias vuelven a padecer el paso de un viejo portaviones francés que hoy no es más que una colosal montaña de chatarra donde abundan las toneladas tóxicas como amianto y materiales pesados pero también residuos radioactivos.
Como bien saben los lectores del DIARIO DE AVISOS, se trata del otrora orgullo de la Armada gala botado como Foch, de la clase Clemenceau, y que partió el pasado 4 de agosto desde Río de Janeiro rumbo a un puerto turco para su desguace a pesar de incumplir no pocas normativas sobre tráfico marítimo. Incluso, un juez federal brasileño prohibió inútilmente que zarpara, a la par que reclamó su inmediato retorno.
En principio, la empresa que finalmente se hizo cargo del hoy conocido como Sao Paulo -después de que Brasil pagase a Francia hasta 12 millones de dólares a primeros de siglo por un buque que solo dio problemas a las autoridades de aquel país por inseguro y arcaico- lo conducía hacia un puerto turco para el desguace, pero el Gobierno de Ankara advirtió a tiempo de la ‘bomba’ medioambiental que se dirigía a sus costas y prohibió cualquier atraque del mismo.
Ello en principio no afectó al rumbo de tan infausto convoy, al parecer con la esperanza de ser aceptado en una isla griega, a tal punto que navegó durante todo un fin de semana por el corredor de aguas internacionales existente entre Gran Canaria y Fuerteventura rumbo al Estrecho de Gibraltar.
Sin embargo, a la altura de la antigua Sidi Ifni se ha dado la vuelta, y ahora mismo navega cerca de La Graciosa, donde ha podido ser monitorizado por el Helimer 206, un helicóptero de Salvamento Marítimo que siguió el mismo rumbo del portaviones antes de volver a la base, como se refleja en la imagen adjunta.
No se descarta que el reciente vertido desde un granelero que chocó contra un petrolero en el Golfo de Algeciras haya tenido también que ver con el retorno del viejo portaviones tóxico hacia Río.
Ya en su primer paso por el Archipiélago, fuentes de la Administración General del Estado reconocieron a este periódico que se hacía puntual seguimiento a estos hechos, si bien no consta que el Gobierno de Canarias hubiera sido informado a este respecto, lo que ha motivado una pregunta por escrito en el Parlamento regional a iniciativa del diputado de Coalición Canaria José Alberto Díaz-Estébanez.
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