El Equipo Roca de la Guardia civil de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de sus competencias para prevenir los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas en las zonas rurales, investigó a cuatro varones de edades comprendida entre los 40 y 55 años, por delitos contra el patrimonio, al acceder a fincas dedicadas a la explotación agrícola, concretamente a la producción de aguacates, en la localidades de Arucas y Gáldar.
Conocimiento de los hechos
La Guardia civil tuvo conocimiento en los últimos meses de los hechos, fruto de la colaboración ciudadana y de denuncias interpuestas por propietarios de fincas de producción de aguacates, dado que le precio del aguacate incrementó en los últimos meses, los productores sufrieron un mayor índice de robos en sus fincas, por lo que algunos de ellos decidieron instalar cámaras de videovigilancia para poder aportar pruebas, colaborar y esclarecer estos hechos delictivos y así poder disminuir los robos, siendo un recurso importante para esclarecer y atribuir la autoría de cada uno de los delitos perpetrados.
Investigación e indagaciones policiales
La Guardia Civil realiza las diligencias de investigación oportunas para poder esclarecer los hechos delictivos, como visionado minucioso de cámaras existente donde se perpetran los delitos, observando como la persona que accede al interior de las fincas tras romper la valla perimetral, hace uso de gorra y mascarilla con ánimo de dificultar su identidad, si bien, tras un dificultoso proceso para esclarecer la autoría, se localizó a un vecino de la localidad con idéntica descripción física, que concluyeron con la investigación de esta persona por su presunta participación, reconociendo los hechos, en esta ocasión la sustracción de 200 kilogramos de aguacates en dos días diferentes mediante el mismo modus operandi.
Además, se llevaron a cabo vigilancias donde se cometieron los ilícitos, las averiguaciones e indagaciones oportunas para la localización del domicilio de los presuntos autores y las inspecciones técnico policial de las fincas, pudiendo así recabar todas las pesquisas policiales para identificar a los autores de los hechos delictivos.
Cabe destacar que, se recabaron datos suficientes para tener indicios de que parte de este género robado no sólo se vendía de manera ambulante, sino que en alguna ocasión acababa en el mercado agrícola y hostelero, práctica habitual a la par que peligrosa por no tener una trazabilidad que acredite la aptitud para el consumo, teniendo la Guardia Civil que llevar a cabo diferentes inspecciones en establecimientos del municipio de Gáldar, no encontrando anomalías en éstos.
La Oleada de robos sufrida los agricultores no solo fue en el municipio de Gáldar sino también en el municipio de Arucas, así que, fruto de la colaboración ciudadana se identifica a dos personas en casco del pueblo portando uno de ellos un saco con 15 kilogramos de aguacates y otro 9 kilogramos de aguacates mientras trataba de venderlos a los viandantes, por ello, se inició las labores de localización del propietario, dado que nuevamente los agentes de la Guardia Civil se encontraron que no existían denuncias. Finalmente tras entrevistas con diversos agricultores de la zona, se localiza a un posible perjudicado, quien una vez personado en las dependencias policiales al ver la variedad aprehendida los reconoce sin género de duda, no sólo por la variedad del aguacate, sino alegando también hasta del árbol del que los sustrajeron, ya que al parecer dicho frutal en fechas anteriores había padecido una enfermedad, haciendo que la fruta tomara una forma muy particular.
La Guardia Civil por todas las incautaciones llevadas a cabo en los últimos meses, esclareció el robo de más de 500 kg de aguacates, debiendo en varias ocasiones localizar a los propietarios de las fincas afectadas, ya que en algunos de ellos ni tan siquiera se había formulado denuncia alguna, recordando la importancia que esto último tiene, ya que, a nivel policial, es una fuente de información vital.
Recordar desde la Guardia Civil que quien compre productos fuera del mercado legal, aparte del riesgo que conlleva, puede incurrir en un delito de receptación recogido en el Código Penal, llevando aparejadas penas de prisión desde los seis meses a dos años.
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