Las principales calles de Santa Cruz de Tenerife acogieron ayer la novena marcha por los derechos de las personas con discapacidad que reivindicó una “inclusión real y efectiva” de todo el colectivo en Canarias. El 15% de la población de las Islas padece una discapacidad y se enfrenta a diario a múltiples dificultades en diversos ámbitos como la movilidad, accesibilidad, sanidad, educación, etc.
Centenares de personas discapacitadas, familiares y amigos reclamaron sus derechos en una marea naranja, portado camisetas, gorras o globos de ese color que refleja la discapacidad, respaldando así al colectivo Queremos movernos. La comitiva partió desde la Plaza de Weyler y recorrió las calles Méndez Núñez, El Pilar, Valentín Sanz y Castillo hasta llegar a la plaza de La Candelaria.
Reclaman la “plena inclusión”, que se garantice la “accesibilidad universal” y que se “respeten sus derechos” que, pese a estar recogidos en la Ley, no se están cumpliendo. “No pedimos privilegios, sino que se respete lo que ya está establecido en la legislación vigente”.
Lamentan que en Canarias, el propio Gobierno regional, los Cabildos y los Ayuntamientos, “no respetan la legislación y no trabajan la inclusión de las personas con discapacidad”. Desde la asociación Queremos movernos insisten en que “ojalá no tuviéramos que convocar la décima marcha”, pero lamentablemente cada año “reclamamos los mismos incumplimientos”, vemos que “desde la Administración no se avanza”, sin darse cuenta, señalan, de que la población cada vez está más envejecida y la mayoría tendrán problemas debido a que “no son accesibles los entornos y los servicios”.
La marcha denunció que las personas discapacitadas “están excluidas de la cultura, del deporte y del ocio”, además no pueden entrar en la mayoría de edificios de uso público porque no son accesibles. Lamentan que “no pueden mantener una trayectoria en el ámbito educativo al no contar con los apoyos necesarios” (faltan intérpretes en todo el horario) o los niños en aulas enclave salen una hora antes, “lo que dificulta la conciliación laboral y familiar”.
En el ámbito sanitario denuncian que hay centros de Salud con problemas de acceso, otros no tienen camillas articuladas ni grúas, y carecen de báscula para pesar a un usuario en silla de ruedas. También hay museos o exposiciones a las que no pueden acudir al no estar adaptados y hay oficinas públicas “donde la accesibilidad universal no está garantizada”.
Insisten en que los espacios públicos urbanizados no terminan de ser accesibles, tanto en pasos de peatones como por la presencia de objetos que invaden las aceras. Denuncian que hay plazas de aparcamiento reservadas que no pueden utilizar por su dimensión o mala ubicación.
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