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El Gobierno de Canarias sigue adelante en su intención de retirar el Monumento a Franco

El viceconsejero de Cultura avanza que los servicios jurídicos estudian todas las vías posibles para “hacer cumplir la ley” tras el fallo del TSJC, que protege de forma cautelar la escultura
Foto: Fran Pallero

La aplicación de las distintas leyes en torno a la memoria histórica en Canarias se ha convertido en una misión casi imposible. El elemento más significativo de todos, el conocido como monumento a Franco, ubicado en Santa Cruz, se ha convertido en los últimos años en la piedra con la que las distintas normativas (insulares, regionales y estatales) tropieza.

El último de estos tropiezos lo conocíamos este martes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) daba a conocer una sentencia en la que establece una protección “cautelar” sobre el conjunto escultórico de Juan de Ávalos, al menos hasta que se dirima el recurso que la asociación San Miguel Arcángel ha presentado contra la decisión del Cabildo de no proteger la escultura, al considerar que no cuenta con valores culturales susceptibles de ser declarados como Bien de Interés Cultural (BIC).

Ayer, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, dejaba claro que, a pesar de esta sentencia, pero también del recurso del Ayuntamiento de Santa Cruz contra el catálogo de vestigios franquistas, el Ejecutivo no va a cejar en su empeño de hacer que se cumpla la ley. “Los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando todas las vías posibles ante esta situación para seguir adelante con el cumplimiento legal de la retirada de los vestigios”, afirmaba en declaraciones a DIARIO DE AVISOS.

Márquez no niega lo complejo de la situación; “por eso, se está estudiando bien los pasos a dar, dado que también tenemos que ver cómo interviene la última ley de Memoria Democrática. En cualquier caso, vamos a seguir explorando las vías jurídicas y administrativas a nuestro alcance”.

El viceconsejero de Cultura admitía que la valoración hecha en la sentencia del TSJC sobre que el monumento a Franco carecía de elementos franquistas es algo “muy difícil de asimilar”. “Sorprende la valoración de la sala, que haga comentarios de tipo artístico, algo que le corresponde a los técnicos del Cabildo, que son los que han decidido que no correspondía la incoación del BIC, y sorprende que se diga que el monumento a Franco no contiene simbología franquista”.

Márquez entiende que, aunque hasta ahora el Gobierno de Canarias no ha estado presente en el proceso iniciado por la asociación San Miguel Arcángel, es parte del mismo, por lo que puede interponer algún tipo de acción legal en contra del fallo del TSJC, que, por otra parte, solo admite un recurso de casación. “Hay que tener en cuenta que, para la declaración BIC, el único que puede convocar la ponencia técnica es el Consejo de Patrimonio de la viceconsejería de Cultura, y la declaración BIC solo la puede realizar el Consejo de Gobierno, así que sí que formamos parte del proceso, y por eso estudiamos las vías de las que disponemos”.

Un servicio jurídico que ahora mismo tiene varios frentes abiertos. “Tenemos el recurso del Ayuntamiento de Santa Cruz al catálogo de vestigios, la aplicación de la ley de Memoria Democrática que puede abrir la posibilidad a que actuemos de oficio, y ahora esta última medida cautelar. Ahora mismo es un trabajo que se centra en el ámbito jurídico de forma muy importante, con el objetivo de dar cumplimiento a un imperativo legal”.

Ley de Memoria Histórica

El viceconsejero admite que la dificultad para aplicar las leyes de memoria histórica en Canarias, más que sorprenderle, le “desagrada”, para añadir que “es la demostración empírica de que las leyes de memoria histórica son necesarias. Esta resistencia que estamos encontrando demuestra que todavía hay muchos vestigios que retirar y no todos son de ámbito urbano, sino que arrastramos un franquismo sociológico que influye en la calidad de la democracia”.

“Cuesta imaginar -continuó Márquez- que en las calles de Berlín encontráramos una estatua de Hitler y que alguien aludiera a su valor artístico para no retirarla. La pregunta es por qué pasa en España, y creo que es porque todavía arrastramos una dictadura de 40 años, que pesa en algunos sectores de la población. Aquí nos jugamos mucho, ya no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de demócratas y de cumplir las leyes”, concluye.

Sobre este mismo tema se expresó ayer la autora del catálogo de vestigios franquistas, María Isabel Navarro, quien no dudó en afirmar que la sentencia del TSJC “contiene argumentaciones contrarias a la verdad, que se incluyen de una manera expresa como si un tribunal Contencioso Administrativo no se debiera a la verdad de los argumentos”. Así lo expresó en declaraciones recogidas por la Cadena Ser, apuntando que, en su opinión, el auto está “mal escrito”.

Además, Navarro recordó que el juez que firma la sentencia es el mismo que obligó al Ayuntamiento de Santa Cruz (también como consecuencia de una demanda de la misma asociación) a repetir el expediente por el que se le retiraron los honores concedidos al dictador.

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