La redada efectuada el pasado martes a cuenta del ya conocido como caso Mediador, tras acuñarlo así DIARIO DE AVISOS, y en la que se practicaron 11 detenciones y, al menos, 18 registros repartidos por distintos puntos de la geografía nacional (entre ellos, las Islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura), se sustenta sobre “indicios sobrados de actividad delictiva” de un “grupo organizado” a tal fin, en el que los roles de sus presuntos integrantes son descritos en distintos autos dictados por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife a los que ha tenido acceso este periódico.
Como consecuencia de dicha redada y tras prestar declaración ante la titular del juzgado en cuestión, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, se decretó prisión provisional para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, mientras que los otros diez fueron puestos en libertad con cargos y bajo medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligatoria comparecencia en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.
Entre ellos se encuentra el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, quien fuera cesado en junio de 2022 por “pérdida de confianza ante la ausencia de gestión y hasta de actitud” (como recordó el pasado jueves el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres). El resto son empresarios que supuestamente habrían efectuado distintos pagos a cambio de servicios, que consistirían desde facilitar el acceso a subvenciones europeas o acceder a las ventajas de la Zona Especial Canaria (ZEC) hasta evitar inspecciones en sus negocios o suspender sanciones ya impuestas.
También son investigados el considerado como mediador, M.A. Navarro Tacoronte, y un diputado estatal majorero del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, que ya ha renunciado al escaño.
Según se resume en los autos judiciales, “Navarro Tacoronte representaba la figura encargada de mediar entre el diputado Juan Bernardo Fuentes y dos tipos de empresarios: los peninsulares interesados en extender sus negocios a la ZEC y los queseros y ganaderos insulares pendientes de recibir subvenciones, inspecciones y sanciones”.
Además, “como subordinado inmediato se ubicaría Taishet Fuentes, sobrino del anterior y sucesor como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias. Ambos sujetos -continúa la jueza- desde su significativa posición política tendrían capacidad suficiente para hacer creer a los empresarios que sus aspiraciones se harían realidad, siempre y cuando asumieran una serie de pagos”.
“Y para completar la presunta trama criminal, la misma vendría complementada por el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, quien se valdría tanto de dicha condición como del cargo que antaño ostentó [entre 2008 y 2012] como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas y sus relaciones, a fin de transmitirles a los referidos empresarios altas posibilidades de gestión y éxito en sus proyectos, también a cambio de las correspondientes e ilegítimas comisiones”, según el auto judicial.
Resto de implicados
Respecto al resto de implicados, y siempre presuntamente, su participación se limitaría al supuesto pago de las cantidades exigidas, salvo en el caso de Miguel Ángel Robayna, del que se apunta que habría facilitado facturas falsas para camuflar los pagos. Resta recordar que todo el caso Mediador surge a raíz de una denuncia ajena al mismo, y finalmente desestimada, que interpuso en diciembre de 2021 el entonces director insular de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez, contra Navarro Tacoronte, quien, para defender su inocencia a ese respecto, aseguró estar en posesión de “información muy comprometedora” en sus dos teléfonos móviles, donde se hallaron más de 560 archivos, enlaces y documentos que pusieron al juzgado santacrucero en la pista de este caso Mediador.
La investigación, que ha conducido a la redada del pasado martes, liderada por la Policía Nacional y apoyada por Asuntos Internos de la Guardia Civil y miembros de Vigilancia Aduanera, se prolongó durante un año, sigue abierta y ha contado con la colaboración del propio Navarro Tacoronte, como se refleja reiteradamente en no pocas de las decisiones judiciales adoptadas durante esta instrucción.
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