El Archipiélago cuenta ya con una innovadora ley para la política cultural pública. Una norma, avalada por los siete grupos políticos del Parlamento de Canarias, que crea y regula un sistema público de cultura por el que, entre otras cuestiones, se blinda el presupuesto cultural regional, hasta llegar a un mínimo del 2% de toda la previsión económica anual en 2030.
La Cámara aprobó este miércoles por unanimidad la ley, que establece garantías para que la ciudadanía haga efectivos sus derechos culturales, articulando un régimen de colaboración, cooperación y cogobernanza entre todas las administraciones. Con ello, la acción cultural pública gana en eficacia, eficiencia y equidad, según subrayan desde el Ejecutivo regional.
Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, destaca que no existe otro texto legislativo similar en el Estado. “Si queremos situar las políticas culturales en el núcleo duro de las públicas, es fundamental una legislación cultural que garantice el ejercicio efectivo de los derechos culturales en el marco de su contribución al desarrollo social y económico”, subraya. “Es un paso importante para dejar atrás las políticas ocurrencialistas y de arriba abajo. Ahora se deberá pensar en clave estratégica y dando más peso al Parlamento, así como a la participación ciudadana a través del Consejo Canario de Cultura”, afirma.
La nueva ley sitúa el centro de gravedad en la idea de sistema: en la que el conjunto es superior a la suma de las partes y provee los medios y las técnicas para su funcionamiento. La norma recién aprobada contempla desde los mecanismos de planificación, la dinamización y el uso eficiente de los equipamientos públicos hasta los recursos humanos, económicos y de gobernanza.
TRAMITACIÓN
A finales de abril de 2022, quedó registrada en el Parlamento regional la proposición de ley del Sistema Público de Cultura de Canarias, iniciándose así la tramitación. En aquel momento se hizo hincapié en que la norma aprobada ayer no era una ley sectorial como la de Lectura y Bibliotecas o Patrimonio Cultural. Tampoco constituía un texto legislativo sobre el sector cultural genéricamente entendido. En concreto, lo que buscan los siete grupos políticos que en la actualidad conforman la Cámara regional es blindar jurídicamente las citadas garantías que deben proporcionar las administraciones públicas para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos culturales.
El foco se ha situado así en la función social de la cultura, asumida como gran principio jurídico. Esto implica reconocer su trascendencia en la construcción de las personas y también en la construcción social y comunitaria.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas