La trama del caso Mediador, que estaría encabezada por el ahora ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, pedía un “peaje económico” de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de “obtener privilegios” en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar “seriedad” y acababan en “grandes fiestas” en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.
En un informe, la Fiscalía habla de “la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios”.
La presunta red estaba “perfectamente definida y coordinada”, indica el fiscal, que sitúa en su “vértice superior” a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, entonces diputado socialista; su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería, y a Francisco Espinosa Navas, general de división de la Guardia Civil.
Junto a ellos, la Policía Nacional, en otro informe, coloca al empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que realizaría funciones de “mediador” entre los supuestos cabecillas y los empresarios captados.
Los informes explican que “el primer paso” que los empresarios interesados debían dar era pagar 5.000 euros, como “peaje económico”, a la Asociación Deportiva Vega Tetir, de Fuerteventura, que estaba presidida por el exdiputado socialista.
El propio Navarro Tacoronte declaró en sede judicial el 22 de febrero de 2022 que se iban de “visita” al Congreso, luego a almorzar “y seguían de fiesta el resto del día, una media de entre 3.000 y 3.500 euros “por noche” que pagaban los empresarios.
Fiscalía detalla que Espinosa Navas también se encargaba de “recibir” a los empresarios captados y, en su caso, se los llevaba a “dependencias en la Comandancia General de la Guardia Civil con sede en la calle Guzmán El Bueno, en Madrid, lo cual era fundamental para poder dar una apariencia de seriedad y poder a la trama delictiva y generar confianza”.
La trama se centraba en “empresarios con expectativas de negocio en la Zona Especial de Canarias –ZEC–, caracterizada por sus especiales beneficios fiscales”, de acuerdo con el Ministerio Público.
“No estamos cometiendo ningún delito pero estamos sobornando”, le llegó a decir Navarro Tacoronte a uno de los “empresarios peninsulares” que habrían captado, Antonio Bautista Prado, en una conversación mantenida el 12 de noviembre de 2022.
EL DENUNCIANTE, UNO DE LOS PRESUNTOS CABECILLAS
La investigación comenzó tras la denuncia presentada, en diciembre de 2021, por el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, que alertaba de cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria por importe de 2.575 euros.
Pérez Peña, que dimitió de su cargo el pasado 31 de enero alegando motivos personales, denunció entonces esos cargos en su tarjeta.
A partir de ahí, la Policía los investigó y determinó que los había realizado Navarro Tacoronte, que era el titular de las tarjetas prepago, lo que desembocó en su detención en enero de 2022.
Navarro Tacoronte aseguró en sede judicial que Pérez Peñas estaba al tanto de los cargos que había denunciado, pues tenía su “aquiescencia, además de ser el beneficiario real y final de las compras denunciadas”. Y para demostrarlo, dijo tener conversaciones de WhatsApp mantenidas entre ambos y entregó dos teléfonos móviles, que son el “origen de la trama”, sostiene el informe policial.
También en su declaración, el presunto conseguidor manifestó tener pruebas contundentes respecto a “numerosos delitos” relacionados con la corrupción que habrían cometido “diferentes cargos políticos de Canarias”. “A resumidas cuentas, se habrían organizado en un grupo reservado para enriquecerse ilícitamente”, recoge la Policía.
Con el volcado de esos dispositivos, la Policía recopiló una serie de evidencias sobre la existencia de una organización criminal supuestamente liderada por el diputado, quien, “prevaliéndose de la ascendencia que le otorgaba su cargo, provocaría la percepción de dádivas y prebendas de signo económico por parte de diversos empresarios y ganaderos”.
ENTREGAS DE SOBRES
Según el ‘Informe corrupción’ de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el exdiputado, su sobrino, el general y Navarro Tacoronte, “se servirían de testaferros y mulas para la recepción de transferencias bancarias de procedencia indebida, así como de la falsificación de facturas que justifiquen estas”.
La Policía señala que la investigación desarrollada acredita “sin género de dudas” que la organización criminal, asentada en Canarias, se dedicaría a la comisión de delitos relacionados con la corrupción, la extorsión o la falsificación documental.
Y hace hincapié en que las reuniones del diputado –al que cataloga con los alias ‘Tito’, ‘Tito Berni’ o ‘Juambe’– y del presunto mediador con los empresarios “se culminaban con grandes fiestas en clubs y en el Hotel Victoria”, donde ambos se hospedaban.
Además, da cuenta de que había almuerzos y cenas con algunas de las dos personalidades mencionadas, “según disponibilidad” y “pagadas por los empresarios”.
En esas reuniones, los empresarios exponían sus planes de crecimiento y las personalidad públicas decían qué podían hacer por ellos. Ahí era cuando se hacía “la entrega de sobres conteniendo prebendas en metálico”, dinero que se entregaba “al intermediario y éste a la personalidad”.
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