El matrimonio catalán propietario de la empresa conocida como Leche Sandra, Esteban Banús e Inmaculada Roca, los dos detenidos en Gran Canaria esta semana por su presunta implicación en el caso Mediador y que fueron puestos en libertad sin medidas cautelares, han pedido que se respete el derecho a la presunción de inocencia. Arrestado en el marco de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, el matrimonio fue puesto en libertad al día siguiente de su detención tras prestar declaración en el juzgado de guardia de Telde (Gran Canaria) de Instrucción número 2, informan sus abogadas, María Rosa Díaz-Bertrana y Pino López. Las letradas recuerdan que la presunción de inocencia es un derecho fundamental. En un escrito destacan que no deben producirse “juicios paralelos perjudiciales para la reputación de las personas afectadas, cuyos efectos son difícilmente reparables” y expresan su “máximo respeto” por la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife al matrimonio y a los otros diez incartados por posibles delitos de blanqueo de capitales, cohecho, pertenencia a organización criminal, falsificación y tráfico de influencias.
Al matrimonio se le investiga por la presunta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Según sus letradas, el matrimonio mostró su “plena” colaboración con la autoridad judicial y policial para aclarar los hechos de la supuesta red de extorsión a empresas de ámbito ganadero y alimentario a cambio de evitar inspecciones sanitarias o de agilizar o desbloquear expedientes de ayudas europeas. Con motivo de su detención se procedió a un registro en las oficinas del municipio grancanario de Ingenio, donde se ubica la empresa propietaria de Leche Sandra, Mec Suministra (dedicada también al asesoramiento y suministro de piensos, forrajes y cereales), en el que ambos colaboraron con la Justicia, según recoge la nota remitida por las abogadas.
En esta trama fueron arrestados, asimismo, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el exdirector general de Ganadería del Gobierno canario Taishet Fuentes, cuyo tío y antecesor, el diputado en el Congreso Juan Bernardo Fuentes ha renunciado a su acta. Ambos han sido suspendidos de militancia en el PSOE.
El único de los doce investigados en la causa a quien se ha ordenado el ingreso en prisión ha sido al general Francisco Javier Espinosa Navas, a quien se le ha impuesto prisión provisional comunicada e incondicional. Espinosa fue jefe de la Comandancia de Las Palmas hace una década y se investiga el origen de una importante cantidad de dinero en efectivo hallada en su domicilio de Madrid. Los delitos que se le imputan se circunscriben a los años 2020 y 2021, cuando Espinosa se encontraba en el proyecto GAR SI Sahel, de formación a agentes de los países de ese área africana y coordinado por la Unión Europa, por lo que no dependía de la estructura orgánica de la Guardia Civil.
La redada efectuada el martes 14 en el marco del caso Mediador se sustenta sobre “indicios sobrados de actividad delictiva” de un “grupo organizado” a tal fin, en el que los papeles de sus presuntos integrantes son descritos en distintos autos dictados por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. Tras comparecer ante María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, se decretó prisión provisional para Espinosa y los otros diez arrestados fueron puestos en libertad con cargos bajo medidas cautelares. Entre ellos se encuentra el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, relevado en junio de 2022 por “pérdida de confianza ante la ausencia de gestión y hasta de actitud”. Los empresarios habrían pagado, presuntamente, a cambio de servicios: desde facilitar el acceso a subvenciones o a las ventajas de la ZEC hasta evitar inspecciones o suspender sanciones.
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