Las patronales piden una acción política clara por la exención de la ‘tasa verde’

Las patronales canarias del turismo FEHT, Ashotel, Asofuer y FTL reclamaron ayer una “acción política clara” en Bruselas por la exención total del Archipiélago de las tasas sobre el queroseno en el transporte aéreo, también conocida como tasa verde. En un comunicado, reclaman una estrategia negociadora “de envergadura” por parte de los gobiernos canario y estatal en los centros de decisión de la UE.

Esta iniciativa, agregan, debe basarse en los argumentos que Canarias ha planteado respecto a la fiscalidad ambiental para la aviación, porque el Archipiélago requiere de medidas específicas en este ámbito, tanto por su condición de Región Ultraperiférica (RUP) como por la relevancia del sector turístico en el tejido productivo de las Islas.

Las asociaciones empresariales valoran que su propuesta se haya visto refrendada tras participar esta semana en el encuentro organizado por el Gobierno de Canarias con la directora de Política Regional responsable de las RUP en la Comisión Europea, Monika Hencsey. Un foro que abordó, entre otros asuntos, la futura regulación comunitaria sobre el pago de derechos de emisión de CO2.

Al respecto, los representantes del sector mostraron de acuerdo con los objetivos de descarbonización planteados en el conjunto de la UE, que Canarias aborda con estrategias propias en su modelo energético. No obstante, consideran que una decisión de la UE “no puede perjudicar en concreto” a un territorio sensible de la propia UE, que, como es el caso de Canarias, tiene en la conectividad aérea “un elemento estratégico para su modelo económico”, por el peso de su sector turístico y la ausencia de alternativas al transporte en avión.

De ahí que entiendan que no resulta suficiente la exención ya obtenida para los vuelos interinsulares y nacionales, tal y como destacó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el transcurso de dicho encuentro. “Es necesario negociar para lograr la exención total”, dijo.

Por eso, llaman a la acción conjunta de las administraciones canarias, porque “los argumentos de las islas son muy sólidos” y “son comparables” con los expresados por algunos gobiernos europeos que han instado a una reflexión sobre la conveniencia de prohibir la venta de vehículos de combustión en la UE a partir de 2035.