Cuando se cumplen poco más de dos semanas desde que el pasado 14 de febrero la investigación judicial desembocara en una redada con 11 detenidos y cerca de 20 registros en varios puntos del país por mor del llamado caso Mediador, el rechazo a la ronda de entrevistas concedidas a distintos medios por Marco Antonio Navarro Tacoronte (el mediador que da nombre a dicho caso) se ha traducido en una oleada de querellas y desmentidos contra el citado personaje por parte de quienes él ha relacionado con esta presunta trama de corrupción.
Así, al menos 12 dirigentes del PSOE (tanto a nivel canario como estatal) han actuado ya legalmente o anunciada su intención de hacerlo en breve contra Navarro Tacoronte, mientras que desde el Partido Popular y Coalición Canaria niegan igualmente cualquier posible participación en sus actividades, dado que también ha insinuado haber trabajado para cargos públicos de dichos partidos en administraciones donde gobernaban desde 2015.
El número de querellas, como reconocían ayer fuentes socialistas en el Congreso, crecerá con el paso de los días, pero entre los afectados ya figuran desde el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, hasta la consejera autonómica Alicia Vanoostende, la senadora Olivia Delgado y el exalcalde de Güímar Airam Puerta.
A nivel estatal son la secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León, Andrea Fernández, y sus compañeros en el Congreso Javier Alfonso Cendón (León), Indalecio Gutiérrez (Almería), Ana Prieto (Lugo), Beatriz Carrillo (Sevilla), Uxía Tizón (Orense) y Manuel Arribas (Ávila).
Respecto a los otros partidos, cabe mencionar que Manuel Domínguez (PP) y Fernando Clavijo (CC) igualmente rechazan tajantemente tener nada que ver con los presuntos delitos que pudiera haber cometido Navarro Tacoronte.
Lo único inobjetable hasta ahora es que, de los 12 detenidos (el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes fue arrestado días después de la redada), solo uno sigue en prisión provisional (el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa) y el resto está en libertad con cargos.
El escándalo político por las actividades del mediador en cuestión no hace más que aumentar.