Ya no es solo la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, sino también la Fiscalía la que se opone a que la, por otra parte, legítima solicitud para personarse como acción popular en el proceso que se sigue a cuenta del llamado caso Mediador en dicho órgano judicial pueda derivar en un circo mediático con presumible interés propagandístico, dado que cuatro de las seis peticiones representan a otras tantas formaciones políticas que concurren a las inminentes elecciones.
Lo cierto es que, dentro de un estricto respeto a que tal circo mediático creado en torno al caso que tiene a un ‘intermediario’ llamado Marco Antonio Navarro Tacoronte en su epicentro no se alimente con más revelaciones sobre novedades de la investigación en curso, sí merece la pena reseñar esta coincidencia entre el fiscal y la magistrada en cuestión (sobre todo tras el sonado desencuentro entre ambos respecto a las medidas a adoptar en el caso de otro de los investigados como el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo) al tratarse de una novedad de mero carácter procesal.
No en balde y como publicó ayer DIARIO DE AVISOS, un auto dictado por dicho juzgado ha comunicado su desestimación a los cinco recursos presentados contra la inicial decisión de que, habida cuenta de la posible unificación de intereses que les mueve, los peticionarios demuestren que solo les motiva el afán de colaborar con la Justicia, aunque, para ello, tengan que hacer el esfuerzo de ser representados bajo una única dirección jurídica.
Lo cierto es que esta reafirmación por parte del juzgado se basa en argumentos tan sólidos como los recogidos en sentencias del Supremo que sirven como guía para interpretar lo dispuesto en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, como adelantó uno de los abogados defensores personados, el letrado local Pedro Revilla, quien a preguntas de este periódico ya expuso públicamente tales argumentos.
Es de justicia detallar que la única solicitud para personarse como acción popular que no ha recurrido la decisión del juzgado que ahora se reafirma ha sido la presentada por un partido político llamado Fuerza Canarias, dado que Vox, PSOE, Aquauris, PP y AUGC (citados por riguroso orden de presentación de los recursos) sí que han puesto por escrito su negativa para actuar procesalmente unidos.
