Difícilmente se pueden imaginar peores tiempos para la Justicia española, sin duda el pilar social y económico peor tratado y menos adaptado a los nuevos tiempos desde la restauración democrática si se compara con la sanidad o la educación, no digamos ya respecto a la administración tributaria.
Algún día tenía que llegar la tormenta perfecta que durante tanto tiempo lleva labrándose, y lo cierto es que la situación actual es dantesca: cuando ni siquiera se han aplicado remedios al tremendo retraso causado en los juzgados por el reciente paro indefinido de los Letrados de Administración de Justicia (LAJ) y el cuerpo de funcionarios lleva a cabo otro similar, ahora son los jueces y fiscales quienes convocan una huelga.
Todo ello, en el marco del irreparable daño que a su funcionamiento ha causado el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, zarandeado su prestigio a límites que ni los constitucionales de 1978 supieron prever y tras el cual asoma la sospecha de que obedece a los problemas de corrupción en los principales partidos del país.
Para hacerse una idea de cómo afectan estos temas a los administrados, que son quienes ostentan la soberanía popular en España y además sufragan sus administraciones con los impuestos, cabe recordar que los actos judiciales suspendidos por todo el país durante los poco más de dos meses que duró fueron más de 350.000, siendo la provincia tinerfeña la segunda más afectada en términos comparativos.
En cuanto al paro actual, ayer mismo el comité de huelga de los funcionarios de Justicia, que se había reunido en la mañana de ayer con responsables del Ministerio, lamentó que el departamento de Pilar Llop se haya presentado sin una oferta económica sobre la que negociar. Por eso han anunciado la convocatoria de una nueva huelga de 24 horas en el sector para el próximo 4 de mayo.
Ahora, tres asociaciones de jueces y dos de fiscales anunciaron ayer su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo ante la “falta de propuesta concretas” y de “verdadero propósito de negociar” de los ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo.
Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (abrumadoramente mayoritaria en la provincia tinerfeña), Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
