Las siete asociaciones de jueces y fiscales retoman al mediodía de hoy la negociación con el Ministerio que dirige Pilar Llop después de que cinco de ellas suspendieran la huelga que empezaba hoy, en aras de continuar con las conversaciones para intentar conseguir una mejora salarial; todo ello, después de la reunión fallida del pasado miércoles, en la que rechazaron la oferta de 46,7 millones de euros -hasta unos 490 euros al mes-.
“Dado el estado actual de la negociación con el Ejecutivo en la Mesa de Retribuciones, hemos entendido necesario no comenzar la huelga el día 16 y ello a fin de poder seguir dialogando en aras a conseguir el mejor acuerdo posible, que, de forma definitiva, nos permita desconvocar o no dicha huelga”, precisaron en un comunicado conjunto las cinco asociaciones que convocaron el parón.
Las convocantes tomaron esta decisión después de que el Ministerio de Justicia y el de Justicia y Función Pública les solicitara retrasar el inicio de la huelga hasta el próximo viernes para presentarles hoy una nueva propuesta.
La asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue la última en dar el paso tras consultar a su ejecutiva el pasado jueves. Según informó aquel día, votaron a favor de “suspender” la convocatoria original “como gesto de buena voluntad” y “a la espera de los avances que se produzcan en la Mesa de Retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial”.
La APM reiteró que la oferta del Ministerio seguía “siendo insuficiente” y que debían “avanzar, además, en la adecuación de los grupos de población, en el incremento del pago de los trienios y de las guardias y en otras cuestiones que afectan a la propia estructura” de sus retribuciones.
Diferencias
La APM usó el término “suspender” y no precisó fecha alguna en su comunicado. Así, optó por una fórmula diferente a la que emplearon las otras cuatro asociaciones convocantes, que se mostraron a favor de retrasar la huelga hasta el lunes 22 de mayo para seguir negociando con el Ministerio. Al igual que la APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV, abrumadoramente mayoritaria en la provincia tinerfeña) se pronunció el pasado jueves tras consultar a los suyos y anunció que veía con buenos ojos posponer el parón.
Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya tenían claro desde el pasado miércoles, cuando terminó la que fue la tercera reunión de la Mesa de Retribuciones, que estaban a favor de retrasar la huelga hasta el viernes 19 de mayo.
Este movimiento de las asociaciones tuvo lugar después de que el encuentro del miércoles terminara sin acuerdo -tras más de seis horas de negociación-, toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta del Ministerio. Solo las dos asociaciones progresistas -Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)- se manifestaron a favor de firmar el acuerdo con Justicia.
En declaraciones a la prensa tras la reunión del pasado miércoles, Juan José Carbonero, de la APM, insistió en que la oferta seguía siendo “inaceptable”. Por contra, Juan Vacas, de JJpD, aseguró que la propuesta del Ministerio era “seria” y “responsable”. “Creemos que la posición del Gobierno en estos momentos es favorable para tratar de evitar una situación de crisis todavía más grave en la Administración de Justicia”, apuntó.
Inés Herreros, de la UPF, defendió que la propuesta económica que puso el equipo de Llop sobre la mesa no podía rechazarse, aunque subrayó que si conseguían “mejoras”, la asociación lo iba a “celebrar”. Así las cosas, las dos asociaciones mantuvieron su postura de no sumarse a la huelga convocada por las otras cinco.
El pasado viernes, tras darse a conocer que las asociaciones convocantes suspendían el parón, la Unión Progresista de Fiscales emitió un comunicado en el que celebró la decisión, porque, a su juicio, descarta “indeseados resultados como consecuencia del solapamiento entre la comisión de retribuciones y el comité de huelga”. En este sentido, subrayó que, para ellos, “era condición indispensable que la propuesta que estaba encima de la mesa no se perdiera por mantener un pulso de máximos”.
Según apuntaron los de JJpD, hoy el Ministerio les entregará un documento con una “oferta económica” que es “inamovible”. “El proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas de las asociaciones”, señaló.
La propuesta
La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46 millones de euros.
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