La obligatoriedad del uso de las mascarillas ha finalizado. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que pone fin a la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 en España y, por tanto, suspendió la utilización forzosa del cubrebocas en los últimos reductos en los que se requería: centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios.
El ministro de Sanidad, José Miñones, señaló que “el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de forma consensuada y con la ponencia de alertas a través de los expertos que componen la misma de cada una de las Comunidades Autónomas, consideraban que la COVID-19 ha sido controlada y, aunque la enfermedad sigue presente, ya no supone una situación de crisis sanitaria”, apuntó.
Recordó que la situación epidemiológica, desde noviembre de 2022, da muestra de “una tendencia decreciente” en lo que respecta a fallecimientos y hospitalizaciones por SARS-CoV-2. Esto, junto con el hecho de una menor virulencia de la variante Ómicron, la alta tasa de vacunación de la población española (93%) y la tasa de infección natural de la población española, lleva a concluir que “esta enfermedad ya no constituye una situación de crisis sanitaria en España”, insistió. “Creemos que damos un paso muy importante, que cerramos un episodio provocado por la pandemia que ha causado estragos dejando millones de contagios y desde luego miles de muertes”.
“Altamente recomendable su uso”
Aunque ha finalizado la crisis y la mascarilla queda exonerada, “sigue siendo altamente recomendable su uso”, pero no obligatorio. Además, consideró que “es importante mantener la cultura de responsabilidad que hemos adquirido a lo largo de estos años. Creo que es muy importante mirando atrás haber aprendido de todo esto”.
El acuerdo, que entrará en vigor una vez se publique en el BOE, subraya que la recomendación se centra en “la especial vulnerabilidad de los centros sanitarios” y “la necesidad de reforzar el uso de la mascarilla en determinados contextos” y siempre para aquellas personas que “sean sintomáticas en los espacios compartidos”, como pueden ser en las salas comunes de los centros hospitalarios, pero también en el caso de los profesionales: “Personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos y en unidades con pacientes vulnerables; urgencias hospitalarias o de atención primaria, incluida la sala de espera”.
En el caso de las residencias de mayores y personas con discapacidad, se insta a tomar “precauciones adicionales en el caso de aparición de síntomas en trabajadores, residentes o visitantes, para evitar brotes y cuidando el bienestar de los mayores, tanto físico como emocional”.
Vacunación
En este punto, Miñones recordó la importancia de las vacunas para haber podido aprobar el mencionado decreto, y criticó que hayan “antivacunas” en las instituciones, “por lo tanto, yo creo que nuestro mensaje tiene que ser claro: las vacunas salvan vidas”, sentenció.
Por último, recordó que, de septiembre a octubre, se iniciará en España una nueva campaña de vacunación para los mayores de 60 años contra la COVID-19 y también para los profesionales sanitarios, en donde se incluirá la vacuna española de Hipra. “Otro de los grandes avances” de estos últimos años, finalizó.
El Defensor del Paciente, dentistas y farmacéuticos piden responsabilidad
La aprobación del fin de la obligatorieda de las mascarillas ha tenido también voces discordantes que abogan por mantener el uso en ciertos servicios sanitarios y sociosanitarios, o retomar su uso obligatorio en picos de incidencia de infecciones respiratorias.
El Defensor del Paciente mostró su rechazo a la obligatoriedad de las mascarillas en centros de salud, hospitales, y residencias. “Entendemos que en estos lugares hay personas con patologías, defensas bajas y aglomeraciones donde se pueden producir contagios en personas mayores y/o enfermos crónicos”, apuntó su presidenta, Carmen Flores, que recomendó, “por precaución, ponérsela”.
Mientras, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Loreto Gómez, pidió a los ciudadanos que “se sigan cuidando y cuiden a las personas que les rodean, especialmente las vulnerables. Es responsabilidad de cada cual mantenerla en los espacios que conlleven un riesgo”. En la misma línea, el Consejo General de Dentistas apostó por que “cada ciudadano bajo su propia responsabilidad decida si llevar o no mascarilla en la consulta dental”.