La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que condena a dos hombres a tres años de prisión y al pago conjunto de más de 4.000 euros por ser responsables de robos continuados en locales abiertos al público en el sur de Tenerife. Se les atribuye haber cometido delitos en unos doce comercios durante el año 2016, generalmente sustrayendo bebidas alcohólicas, tabaco y postales. Aunque en algunos casos no se pudo determinar su culpabilidad, en una ocasión llegaron a robar 140 cajetillas de cigarrillos, seis botellas de vodka, 400 postales y varios equipos deportivos.
El proceso judicial comenzó en 2017 en los Juzgados de Arona y en 2021 se llevó a cabo el juicio en la Audiencia Provincial. A fines de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó la misma condena y absolvió a uno de los acusados inicialmente. Además de la pena de prisión, se les impuso la obligación de mantenerse alejados a 300 metros de los comercios donde se cometieron los robos durante tres años.
En términos de indemnización, deberán pagar conjuntamente casi 1.700 euros a una de las tiendas, uno de los acusados tendrá que devolver al mismo comercio 1.580 euros por los efectos robados, y el otro deberá pagar 514 euros. También deberán indemnizar a un supermercado de Fañabé con 312 euros.
Los tres acusados, de nacionalidad rumana, fueron juzgados en 2021 por supuestamente formar parte de una banda criminal y cometer robos continuos en Arona, incluso utilizando la fuerza en algunas ocasiones. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 9 años de prisión y el pago de 5.000 euros para cada uno de ellos.
Los empresarios y el personal de los negocios afectados afirmaron que los acusados actuaban diariamente y de manera coordinada. Mientras algunos vigilaban y distraían a los empleados, otros cometían los robos, mientras que uno esperaba en el coche.
En la determinación de la pena se tuvieron en cuenta las dilaciones indebidas, aunque en el recurso ante el TS se alega que este atenuante no se ha aplicado, por lo que se solicita la absolución o una reducción aún mayor de la condena, considerando que debería ser de un máximo de uno o dos años.
Se argumenta que fueron arrestados en 2017 y que la primera sentencia no se dictó hasta finales de 2021, cuatro años después, lo que se considera una dilación indebida muy cualificada. Sin embargo, estos argumentos ya habían sido desestimados cuando el caso pasó por la Sala de lo Penal del TSJC a fines del año pasado.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas