Nieves Lady Barreto repite como consejera en el Gobierno de Canarias. Ya lo fue en la legislatura de 2015-2019 y, en esa ocasión, sacó adelante la Ley del Suelo, una Estrategia Canaria contra el Plástico “que fue pionera en el país y que, lamentablemente, el gobierno siguiente guardó en un cajón y dejó morir”, según lamenta, además de un borrador de la Ley de Cambio Climático y otro de la Ley de Coordinación de Policías Locales “para el que logramos el consenso entre todas las partes, que ahora se ha perdido y hay que volver a recuperar”. Su mayor reto en esta nueva etapa en el Gobierno es la recuperación económica y social de La Palma, pero también se ha marcado el objetivo de simplificar la burocracia de la administración canaria “para acercar a la ciudadanía, en lugar de alejarla”, dotar a Justicia de las infraestructuras necesarias, dar a la Policía Canaria las competencias y medios que necesita para tener presencia en todas las islas y sacar adelante la Ley de coordinación de policías locales.
-Tiene usted una Consejería amplia y compleja, ¿le dará tiempo en cuatro años de hacer todo lo que se ha propuesto?
“Nos hemos puesto a trabajar desde el primer día con ese objetivo. Y aunque hemos dedicado 16 días a los incendios de La Palma y Tenerife, en estos escasos dos meses que llevamos en el Gobierno hemos tenido tiempo de valorar la situación con la que nos encontramos, de poner en marcha soluciones a algunos problemas y de marcar los hitos que queremos conseguir en cada una de las áreas. Soy realista y sé que tenemos por delante retos complejos y llenos de dificultades y el mayor de todos es el de coser las heridas de La Palma y lograr la reactivación económica de la isla. Pero cuento con un buen equipo de trabajo y con los mejores funcionarios y funcionarias y personal laboral del Gobierno”.
-¿Cuál va a ser, exactamente, el cometido de la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma?
“El viceconsejero asume el papel de interlocutor y coordinador entre todas las administraciones implicadas: el Gobierno de España, las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos de la isla. Es una figura muy necesaria que tendría que haberse creado después del volcán, como tantas veces le reclamé al anterior presidente en el Parlamento de Canarias, y hasta el propio Comisionado del Estado para La Palma ha valorado positivamente esta decisión del nuevo Gobierno. Hay que conseguir que el dinero llegue al bolsillo de la gente. Así de concreto y así de simple. Hay 100 millones de euros en el Presupuesto del Estado que son para la islay que nosotros creemos que debe destinarse a compensar a los afectados por el valor de lo que perdieron, primero a los que se quedaron sin vivienda y luego a los que han perdido otras propiedades que, en muchos casos eran su medio de vida, y que no han recibido ni un euro aún. Pues bien, ese dinero que tenemos ahí sobre el papel desde el 1 de enero no ha llegado porque el anterior Gobierno de Canarias no lo reclamó. Esa es una de las primeras cosas que ha hecho este nuevo Gobierno y cuando esa partida llegue, hay que establecer las prioridades y los procedimientos para su ejecución y luego asegurarse de que llega a la gente. Además, estamos con los trámites para que el Gobierno de Canarias ponga fondos propios. Nuestro objetivo es que dentro de cuatro años esa viceconsejería deje de ser necesaria porque ha cumplido su cometido y desaparezca, pero que quede el valor del conocimiento y de la experiencia acumulada para que sirva en emergencias similares”.
-¿Se han producido avances en estos dos meses que llevan en el Gobierno? ¿Qué se han encontrado?
“En la reunión con el comisionado nos enteramos de que los decretos tenían advertencia de irregularidades e, incluso, de inconstitucionalidad. Entiendo que esa es la razón por la que el anterior Gobierno no los aprobó y tampoco lo contaron. Estamos trabajando en solventar esos problemas. Por otro lado, ya desde la Consejería de Obras Públicas, y en solo dos meses, tienen muy avanzado un plan específico para La Palma para resolver uno de los mayores problemas que tiene ahora mismo la Isla que es la falta de vivienda, que ha producido paralelamente un encarecimiento desorbitado de los precios de venta y alquiler”.
-Esta semana se ha reunido con el ministro del Interior y parece que se ha dado un paso importante en materia de información sobre inmigración.
“Fue una reunión de toma de contacto y de poner sobre la mesa los asuntos que están pendientes de resolver desde que se celebró la última Junta de Seguridad Estado-Canarias en febrero de 2019. Fue un encuentro fructífero en el que cerramos el compromiso de volver a convocar la Junta, para lo que ambas administraciones vamos a poner en marcha las comisiones técnicas previas, y también llegamos a un acuerdo para incorporarnos a las reuniones de coordinación informativas en materia de inmigración. El Gobierno de Canarias tiene que estar donde se maneja la información y donde se coordinan las actuaciones que nos afectan directamente. El incremento de la llegada de migrantes a nuestras costas es un asunto estructural que nos preocupa mucho porque va camino de convertirse en una crisis de proporciones que aún no conocemos. Valoramos y agradecemos la predisposición del ministro y ahora toca sentarse en las mesas de trabajo para materializar todo lo hablado”.
-¿Por qué la insistencia en un mando único en inmigración?
“Es una figura que el Gobierno de España puso en marcha en la crisis migratoria de 2006 y funcionó muy bien. Lo asumió en aquel momento la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega, ella era la única interlocutora y centralizaba la toma de decisiones. Ahora nos estamos encontrando que tenemos que hablar con hasta siete ministerios para tratar las diferentes vertientes de la situación que está generando en las islas el incremento en la llegada de personas migrantes a nuestras costas y para pedir los recursos que hacen falta para atenderlas. El presidente Clavijo, preocupado por este asunto, ya lo solicitó al presidente Sánchez”.
-Una de las cosas que más ha llamado la atención del nuevo Gobierno es la escisión en dos direcciones generales diferentes de Seguridad y Emergencias; ¿cómo se justifica?
“Se han separado, pero siguen actuando perfectamente coordinadas, como se ha demostrado en el incendio de La Palma y en el de Tenerife. La justificación es clara: aunque parezcan dos materias estrechamente relacionadas, la seguridad abarca mucho más allá de las situaciones puntuales de emergencia. En los próximos años tenemos el reto de ampliar la Policía Canaria -ahora se incorporan 75 nuevos agentes y vamos a convocar próximamente 100 plazas más-, dotarla de más competencias y darle presencia permanente en todas las islas, no solo en las capitalinas; tenemos también que dotar a las Policías Locales de una nueva ley acorde con los retos y las necesidades actuales; vamos a asumir, por otro lado, competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de 2018 que aún están por transferir a Canarias, como la seguridad privada y las instituciones penitenciarias y tenemos que seguir avanzando en la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo esto justifica, sobradamente, que dediquemos una dirección general que se centre en estos objetivos”.
-Como consejera de Seguridad está prestando especial atención al peligro de los bulos, ¿por qué?
“Por mi experiencia como alcaldesa y como consejera de Emergencias y ahora de Seguridad he vivido numerosos incendios y todo tipo de emergencias, pero nunca como hasta ahora había visto una profusión de noticias falsas como la que vimos en este último incendio de Tenerife. Lo que vivimos durante esos días fue un auténtico aparato mediático alternativo de difusión de bulos que generaron confusión, crispación entre la población e incluso, en algún momento, hasta animadversión hacia los medios de extinción que estaban luchando contra el fuego. Provocó, además, que se tuvieran que destinar recursos a comprobar falsas alertas que llegaban una y otra vez. Y todo esto, en medio de un incendio, supone un problema añadido de seguridad que consume un tiempo y unos recursos que tendrían que estar plenamente dedicados a la emergencia real. En este problema contamos, por suerte, con los medios de comunicación como grandes aliados, como canales de difusión de la información oficial y contrastada, y creo que cada vez estamos todos más concienciados de que hay que actuar para frenar los bulos. Internet evoluciona a gran velocidad y la inteligencia artificial, que aporta tantas cosas positivas, también contribuye a la dificultad de distinguir lo que es real y lo que no. Creo que tenemos que formar un frente común entre las administraciones, los medios de comunicación y los ciudadanos para tratar de frenar el fenómeno de las fake news que cada vez se extiende más y a mayor velocidad”.
-¿Cuáles son los retos en materia de Justicia?
“Tenemos que modernizar la Administración de Justicia y dotarla de las infraestructuras y para ello vamos a retomar el plan que se diseñó en la IX Legislatura para que Santa Cruz de Tenerife pueda desarrollar la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos; para la construcción de los nuevos edificios judiciales en Puerto del Rosario, en Los Llanos y en Santa Cruz de La Palma y unificar el partido judicial en La Orotava y Puerto de la Cruz. Y vamos a resolver el problema de los nuevos juzgados previstos en Granadilla y San Bartolomé de Tirajana que no se podrán abrir antes del 31 de septiembre, que era la fecha límite dada por el Ministerio, porque no se había resuelto ni siquiera el alquiler de locales. Nos hemos visto obligados a solicitar una prórroga y espero que podamos ponerlos en marcha antes del 31 de julio del 2024. Nos hemos encontrado con casi 3,2 millones de facturas impagadas y 8,3 millones en otras en registro, así que vamos a empezar por revertir esa forma de trabajar y a mejorar el pago a proveedores”.
-Dijo hace días en el Parlamento que le preocupa la organización de la Administración.
“En Función Pública falta personal y me preocupa la enorme carga de trabajo que se nos viene encima en los próximos meses. Nos enfrentamos a una oferta pública de empleo de 2020 que está a punto de caducar, a un proceso de estabilización de más de 3.000 empleados públicos que finaliza en 2024 y en las próximas semanas nos entrarán 18 RPT de las consejerías, organismos y empresas del Gobierno que hay que sacar adelante con agilidad. En medio, nos encontramos con que no hay un “plan de jubilaciones” que permita a los funcionarios que están a punto de jubilarse trasladar sus conocimientos y experiencia, la herencia del saber acumulado después de años y años de trabajo que se pierde porque no tenemos un mecanismo de transmisión del conocimiento. Me preocupa porque esto supone un empobrecimiento de la administración y eso tiene reflejo también en la atención que se les da luego a los ciudadanos. Estamos estudiando cómo crear un repositorio que permita conservar y aprovechar todo este conocimiento y experiencia”.
