Cierres de playas reiterados (los más recientes, en Tenerife, los de Punta Brava y El Médano), imágenes de vertidos como no se veían en mucho tiempo (en Los Abrigos, Granadilla, durante este verano), advertencias de cofradías de pescadores a las autoridades y los datos oficiales que, aunque escalofriantes, incluso se consideran insuficientes por parte del nuevo Gobierno de Canarias llevan a la conclusión de que algo no muy bueno (menos de lo que ya no era muy edificante) está pasando con los vertidos de aguas sucias al mar, con los emisarios y, según diversas fuentes, con la depuración en las Islas.
El director general de Transición Ecológica, Ángel Montañés (PP), prefiere evitar términos como “alarma o alerta”, pero es el primero en confirmar esa impresión y reconoce, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que la situación “es muy preocupante y se ha convertido en una de nuestras máximas prioridades”.
Desde que se incorporó al cargo, y tras la advertencia de que todo estaba empeorando por entidades como la Cofradía del Puerto de la Cruz (su ciudad: fue candidato a la Alcaldía el pasado mayo), comprobó que no se puede confiar ni en el reciente estudio sobre los emisarios elaborado por el anterior equipo de la Consejería, que dirigía José Antonio Valbuena (PSOE). Un informe que se realizó en 2021 ante la preocupación y exigencias de la UE a Canarias por los vertidos al mar y a los acuíferos, análisis que deja cifras tan elocuentes como que, de los 434 emisarios detectados, solo 123 han sido autorizados (el 28%).
Sin embargo, Montañés tiene la convicción de que “hay muchos más sin censar” y, por eso, una de sus primeras decisiones ha consistido en el encargo de un nuevo análisis más exhaustivo sobre la emisión de aguas sucias al Atlántico en cualquier zona de las ocho islas, bien sea por particulares, empresas o administraciones.
Además, considera también clave la elaboración y desarrollo, “en el menor tiempo posible”, de un plan de acción para que, mediante las ayudas técnicas y económicas regionales que se precisen, el Ejecutivo regional, los cabildos y los distintos ayuntamientos afronten cuanto antes esta difícil situación “y minimicen todo lo posible el número de emisarios y la contaminación del mar”. Según sus previsiones, el plan debería elaborarse en unos 6 meses con el objetivo de ser aprobado y puesto en marcha con la máxima celeridad.
A su juicio, y aunque asegura que depuradoras como la de Punta Brava “están funcionando bien”, uno de los principales problemas consiste en el “aumento cada año de las estaciones de bombeo, las conexiones y desvíos. Hay cada vez más gente conectada, más hoteles, más viviendas… y, por tanto, más carga en los aliviaderos, que trabajan mucho más tiempo, por lo que se necesita planificación y acciones inmediatas y efectivas”.
Montañés recuerda que, si bien hay competencias regionales y también de los consejos insulares de aguas, la responsabilidad primera y directa es de los ayuntamientos. Según lamenta, los consistorios se topan con muchas dificultades de personal y recursos para afrontar este problema y, por eso, confía en que el nuevo informe y el plan, con ficha financiera y ayudas autonómicas, cambien la tendencia y aumente la concienciación.
En lo que lleva en el cargo, asegura que municipios como Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide o Santa Cruz de La Palma (todos con gobiernos o cogobiernos del PP) “sí se han mostrado muy preocupados con este problema y están tomando medidas, tal y como ocurre con la corporación de la capital tinerfeña, que se está afanando por acabar con el importante vertido de Cabo Llanos, lo que espera lograr a inicios de 2024”.
Por el contrario, lamenta que otros que tienen situaciones difíciles no se hayan movido aún. A su juicio, las sanciones son importantes como medida de persuasión, pero es aún más determinante “afrontar el problema y solucionarlo”. Aunque hay vertidos muy diversos, desde el agua de piscinas con cloro a todo tipo de líquidos sin tratar, advierte de que las mareas llevan pronto los efectos de un lado a otro, “como pasa con el vertido de San Juan de la Rambla, que enseguida aparece en el Puerto”.
AVISOS DE PESCADORES
Justo desde la ciudad turística es de donde ha partido la primera advertencia de una entidad (su cofradía de pescadores) al nuevo cargo de la consejería. Javier Palmero Real (conocido como “Pelenque”) es uno de los pocos pescadores jóvenes que quedan y de los más inquietos y movilizados. Según explica a DIARIO DE AVISOS, “la situación ha ido empeorando cada vez más aquí y en buena parte del Sur, desde Candelaria a Granadilla, con todo tipo de líquidos, aguas fecales, plásticos, toallitas…”. A diferencia de Montañés, sostiene que las depuradoras, “al menos la del Valle orotavense, no están funcionando bien, apenas tratan un pequeño porcentaje y, encima, cada vez somos más”.
Javier asegura que la arena blanquecina que está apareciendo en playas del Norte de Tenerife es otra de las consecuencias de esta situación y maneja vídeos de vertidos en varias zonas de la isla. Por el contrario, Montañés afirma que los informes que encargaron en su día (cuando ejercía de edil del gobierno portuense) indican la procedencia mineral de esa arena, aunque esto no convence a los pescadores.
La cofradía también le ha trasladado su preocupación al gobierno local y confía en que se adopten medidas urgentes, si bien pesa mucho más el escepticismo y se vincula los cierres de playas con vertidos “cada vez más frecuentes”. Fuentes del consistorio recalcan los esfuerzos por mejorar el saneamiento, si bien los pescadores y el propio Montañés son conscientes de que se trata de una cuestión global y con responsabilidades compartidas.
Las advertencias de la cofradía portuense coinciden con las de Las Caletillas (en Candelaria). Uno de sus miembros, Alejandro Espinoso Urbano, subraya que lleva tiempo comprobando “cómo hay cada vez más vertidos, más microalgas, plásticos, combustibles y basura en el mar, que tenemos a solo 50 metros de la cofradía”. Aunque han optado por no trasmitirlo a las autoridades, sus descripciones, temores y alertas son calcadas a las de otras zonas de la islas y siguen la línea de la alarma pulsada por el Gobierno.
MULTAS INSUFICIENTES
El anterior consejero de Transición Ecológica y hoy senador por la Comunidad, el lagunero José Antonio Valbuena, subraya que, durante el último mandato, su área y el Gobierno regional en su conjunto se afanaron por hacer un diagnóstico exhaustivo de la situación y enviar los informes a la UE. Si bien recuerda que hay competencias de los consejos insulares de aguas y que el Cabildo de Tenerife “es el que más ha avanzado en esta materia”, tiene claro que el problema principal radica en los ayuntamientos. “Son los mayores incumplidores. Hay dificultades para la inspección y para la legalización de los vertidos incontrolados no autorizados. Además, las sanciones son muy bajas y, en el fondo, resulta mucho más barato verter agua y pagar la sanción que tratar de legalizarla”, sostiene.
En su opinión, las multas deberían ser mucho más cuantiosas y seguir el ejemplo de las de tráfico, “pues la gente se piensa mucho conducir con móvil o superar la velocidad porque no les compensa. En vertidos, debería ser igual y existir parangón entre los incumplimientos y lo que habría que abonar si no se legalizan”.
Mientras, pescadores, bañistas, paseantes de la costa o submarinistas que frecuentan los fondos isleños se van topando cada vez con más imágenes como las del video que acompaña esta información en el sitio web de DIARIO DE AVISOS: vertidos incontrolados cerca de playas con mucha fauna y flora alrededor, cualquier cosa menos algo edificante para la salud, el medio ambiente y el turismo.
Denuncia ante la Comisión Europea por la situación del Archipiélago
Montañés teme que las denuncias, sanciones y exigencias desde la UE hacia Canarias por los vertidos de aguas residuales vayan en aumento. La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales ya denunció (a principios de este año) al Ejecutivo autonómico ante la Comisión Europea precisamente por su informe de 2021, realizado por Tragsatec. Este documento expone que la mayoría de los 434 vertidos al mar se sitúan en Tenerife el 45%, seguida de Gran Canaria (29). De los que carecen de autorización, 210 tampoco tenían ningún expediente sancionador en trámite.
Del total, el 54% eran de aguas urbanas residuales, el 14% de agua salada y el 13%, de salmuera. El informe detalla que Tenerife es la isla con mayor número de vertidos legalizados (67) y ese liderazgo lo lleva también al porcentaje de los que tiene (el 34%), mientras que Gran Canaria presenta 30 y El Hierro, ninguno. Por el contrario, La Palma es la isla con menor porcentaje de canalizaciones autorizadas (solo el 18% de las censadas en este análisis).
Aparte de las aguas urbanas, saladas o de salmuera, el resto lo componen el agua dulce (sobre todo, piscinas), de refrigeración, industriales y pluviales, entre otras. Las de lluvias se incorporaron al último informe y, según Montañés, revisten una importancia menor, salvo cuando, por su cantidad, colapsan más las redes y los aliviaderos. Para los pescadores, el problema ya no radica solo en los líquidos de todo tipo que se están vertiendo, sino en las basuras sólidas que, cada día, pueblan más las aguas.
La situación es especialmente grave en zonas turísticas y donde aún queda industrias como la pesquera, si bien afecta a gran parte del litoral isleño y, por eso, el plan que anuncia el Gobierno pretende servir de solución global con la máxima interconexión entre instituciones, entidades y particulares.
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