María Concepción Brito Núñez, conocida por todos como Mari Brito, repite mandato como alcaldesa de Candelaria y fue reelegida la semana pasada presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), al ser el PSOE el partido (28 de 88) con más alcaldías del Archipiélago.
-¿Tenía usted alguna duda para ser reelegida presidenta de la FECAM?
“La verdad es que llegamos a un acuerdo de consenso por parte de todos los partidos políticos representados y hubo unanimidad en todos los nombres para constituir el comité ejecutivo y agradecida por la confianza depositada y orgullosa de seguir trabajando por el municipalismo. Al contar el PSOE con 28 alcaldías le correspondía a él elegir la presidencia, mientras que el grupo Mixto de independientes, con 21, obtiene la vicepresidencia primera; CC con 20, la segunda en la persona de Ana Dorta, el PP, con 14 alcaldes, la tercera vicepresidencia y ASG, con cinco alcaldes, la vicepresidencia cuarta con Rosa Chinea, mientras que Vicente Rodríguez, de Puntagorda, sigue como secretario general”.
-¿Considera un alivio que el Tribunal Supremo anulara el decreto del Gobierno de Canarias que desde 2018 obligaba a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes a contar con vigilancia y socorrismo en sus playas?
“Hemos estado trabajando intensamente para que se reconociera esta circunstancia y que ahora mismo reconoce esta sentencia. Con el Gobierno de Canarias pretendemos seguir trabajando para poder articular una norma para que todos los municipios podamos contar con las competencias y la financiación suficiente para ejercer lo que nos corresponda, pero con las condiciones adecuadas para ello. Garantizando la seguridad en las playas, como no podía ser de otra manera, pero con financiación desde el Gobierno de Canarias, tanto para los pequeños municipios como para otros mayores como Candelaria”.
-Tienen los ayuntamientos, en plena elaboración de los presupuestos, una espada de Damocles, sin saber las reglas fiscales que impondrá Europa en 2024 al próximo Gobierno estatal, sea ahora o después de otras elecciones.
“Estamos muy pendientes, porque es verdad que siempre la regla de gasto se suele conocer a final de año, pero intentaremos recabar esa información lo antes posible, porque como bien dices, ya se están trabajando en los presupuestos de las diferentes administraciones y además tampoco hay previsiones sobre el bloque de financiación canaria. Dos elementos que son fundamentales para saber los ingresos de los ayuntamientos. Es una de las reuniones que vamos a solicitar la semana próxima para saber si se prorrogan las reglas fiscales, una necesidad imperiosa para los municipios y espero que el presidente de Canarias nos reciba lo más pronto posible”.
-¿Y en este capítulo económico, también han hablado de lo que repercutiría negativamente a los ayuntamientos la bajada anunciada por CC y PP antes de formar el Gobierno de Canarias, del 7% del IGIC al 5%?
“Ya nosotros nos pronunciamos en contra de esa medida. El IGIC está integrado dentro del bloque de financiación canaria y los cotitulares de ese bloque no solo es el Gobierno de Canarias, que tiene el 52% de ese bloque y el 48% restante para cabildos y ayuntamientos, con el ingreso del 60% y 40% respectivamente de ese porcentaje del 48%. Nosotros lo que no entendemos es una pérdida de ingresos para los ayuntamientos y en todo caso esa medida de rebaja tiene que contar con los ayuntamientos. No nos han trasladado nada ni se han reunido con la FECAM. Ahora mismo no estamos de acuerdo con esa rebaja del IGIC y en todo caso exigiríamos un mecanismo de compensación ante esa pérdida de financiación”.
-Otro asunto candente es la falta de vivienda. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para aliviar esa gran demanda?
“Al igual que ya hicimos en el mandato pasado, los ayuntamientos siguen dispuestos a ceder suelo para la construcción de viviendas, como hemos hecho en Candelaria, con las huertas de Don Pablo. Firmamos el pacto para acceder a una vivienda digna en el año 2020 y se impulsó el plan de viviendas 2020-2025, pero ha habido dificultades en algunos municipios para esa sección de suelos, por los desarrollos urbanísticos que no se han podido completar. Pero también debe ser el Gobierno quien ceda el suelo que tiene en los municipios, o comprar las 303 viviendas que tiene el Sareb en Canarias, o terminar esas promociones que están a medio construir”.
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