El anuncio del director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, de que el Ejecutivo asumía la lucha contra los emisarios submarinos ilegales como una de sus principales prioridades se ha traducido ya en las primeras medidas.
La Consejería que lleva el PP está usando submarinistas y drones para detectar nuevos focos de salida de aguas residuales en las Islas, uno de los principales problemas de la contaminación del mar junto a la proliferación de plásticos y otras basuras que llevan años alarmando a los pescadores, bañistas y entidades.
Según explica Montañés a DIARIO DE AVISOS, la mayoría de los puntos calientes están localizados, si bien se utilizará a submarinistas para tomar muestras y elaborar un nuevo informe sobre estos emisarios mucho más completo que el de 2021. Además, y en aras de hacer un rastreo completo, se usarán drones para captar nuevos brotes, en su mayoría no autorizados, tanto de redes públicas como de edificios privados.
Según le consta a este periódico, estas medidas ya se han aplicado en los últimos días en zonas del norte de Tenerife, si bien se trata de un problema generalizado en todo el Archipiélago y la actuación será conjunta y exhaustiva.
Montañés insiste en la necesidad de que los ayuntamientos se impliquen en esta tarea, toda vez que son los principales responsables de los vertidos y la administración con competencias más directas. Su advertencia de hace 10 días en las páginas de DIARIO DE AVISOS no ha pasado inadvertida y, desde entonces, y según señala, se han puesto en contacto con su Dirección General diversos consistorios para informarse de las líneas de ayudas económicas y personal que está impulsando el Ejecutivo para afrontar esta tarea, tan urgente como crucial.
El director general es más partidario de la legalización o taponamiento de los emisarios ilegales que de las sanciones, aunque es consciente de su efecto disuasorio. No obstante, en lo que lleva en su puesto ha ido comprobando las dificultades y hasta el desconocimiento de empresas, particulares y hasta corporaciones locales para llevar a la legalidad y a un control adecuado este tipo de aguas residuales, cuyos efectos perversos están perjudicando al equilibrio ambiental, aumentado los riesgos para la salud y deteriorando la imagen turística de las Islas, con diversas zonas de baño con muchas muestras de este problema, sobre todo cuando hay mar de fondo, ya que se remueven las aguas y afloran los restos.
ESTUDIO EN SEIS MESES
El Gobierno se ha dado un plazo de unos seis meses para elaborar un nuevo informe que complete el de 2021, cuando se detectaron 434 emisarios en toda Canarias, de los que solo 123 habían sido autorizados. Montañés está convencido de que esas cifras son aún escasas para reflejar la auténtica realidad de las Islas y, ante los riesgos de nuevas sanciones o denuncias desde y ante la UE, se ha tomado esta cuestión como uno de sus grandes retos, junto a la gestión de los residuos.
Según el informe de 2021, la mayoría de los 434 vertidos al mar se sitúan en Tenerife (el 45%), seguida de Gran Canaria (29). De los que carecen de autorización, 210 tampoco tenían ningún expediente sancionador en trámite. Del total, el 54% eran de aguas urbanas residuales; el 14%, de agua salada, y el 13%, de salmuera.
El informe detalla que Tenerife es la isla con mayor número de vertidos legalizados (67) y ese liderazgo lo lleva también al porcentaje de permitidos (el 34%), mientras que Gran Canaria presenta 30 y El Hierro, ninguno. Por el contrario, La Palma es la isla con menor porcentaje autorizado (solo el 18% del censo en este análisis). Aparte de las aguas urbanas, saladas o de salmuera, el resto lo componen el agua dulce (sobre todo, piscinas), de refrigeración, industriales y pluviales, entre otras.
Sanciones insuficientes que no sirven para disuadir a los infractores
El anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, impulsó la elaboración del censo de emisarios de 2021 y trató de afrontar este problema, aunque el nuevo Ejecutivo ya considera ese análisis obsoleto. Valbuena lamenta que las sanciones contra los vertidos al mar sean demasiado pequeñas como para que sirvan de disuasión, ya que a los incumplidores le sale más rentable seguir con el vertido sin autorización que legalizarlo.
Los vertidos captados en las últimas semanas por algunos pescadores o buceadores con contactos entre las cofradías (como los del vídeo que acompaña a esta información) han sido claves para las primeras actuaciones con submarinistas, que han comenzado a tomar muestras en zonas de Tenerife, isla con áreas muy expuestas, como el Valle orotavense, Cabo Llanos (Santa Cruz) y la franja entre Candelaria y San Miguel. No obstante, el problema es regional y afecta a las ocho islas.
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