Más de 10.000 tinerfeños presentan un estado de desnutrición o están en riesgo de caer en la misma. El espeluznante dato, indiscutible símbolo de la insoportable desigualdad en el reparto de la riqueza que cada vez más sufren los canarios, es el fruto del trabajo de un cribado realizado por especialistas del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por lo que el sentido común desvela que dicha cifra en realidad es superior, dado que solo abarca a los pacientes de uno de los dos centros hospitalarios de referencia en la isla de Tenerife.
La cifra ahonda en la imperiosa necesidad de una actuación específica por parte de las administraciones públicas para cuanto menos mitigar sufrimiento tan extremo y tan extendido entre una población que parece retornar a pasos agigantados a valores anteriores a los booms turísticos que, supuestamente, tenían que haber facilitado acabar de una vez con la miseria por estos lares.
Sin duda, el escandaloso aumento de los precios de la vivienda, que ya afecta incluso a los trabajadores públicos -incapaces de alquilar pese a contar con salarios dignos y garantizados-, la inflación que sigue galopando en el sector de la alimentación y el desempleo crónico en estas tierras (por mucho que, ciertamente, las cifras han mejorado durante los últimos años), son factores clave a la hora de dar una explicación a este fracaso político y social.
Eso sí, habrá que esperar a cómo afecta a los más desfavorecidos que el Gobierno de Canarias haya eliminado en los presupuestos para el año que viene un complemento de 250 euros para las pensiones no contributivas, cuyo número en el Archipiélago supera notablemente la media estatal. En honor a la verdad, la consejera autonómica Candelaria Delgado sostuvo ayer en el Parlamento de Canarias que contarán “con una cantidad muy superior a dicha cantidad en 2024 en aplicación del Real Decreto Ley 2/2023, que permitirá a los beneficiarios de estas pensiones cobrar una subida progresiva de ingresos durante los próximos cuatro años”.
Sea como fuere, desde la Plataforma Canaria frente a la Emergencia Alimentaria se criticó ayer que el Gobierno de Canarias tratase como una estadística más los datos, según los cuales el 31,5% de los pacientes que han participado en un estudio hecho en la Candelaria ingresaron con desnutrición o en riesgo de padecerla.
Males
Dicha plataforma resalta que la información se publica en la página del Ejecutivo regional en internet y se centra en el “alarmante” dato de que el endocrinólogo Pablo Suárez destacó que, tras realizar un análisis de más de 32.000 pacientes sometidos al cribado, se pudo comprobar que el 31,5% ingresa con desnutrición o en riesgo de padecerla.
Como consecuencia, esos pacientes tienen casi tres días más de media de ingreso (2,8), casi tres veces más de mortalidad y un 20% más de probabilidad de reingresar en el plazo de un mes.
“Sorprende y horroriza ver cómo el Gobierno de Canarias trata este dato, que no es solo un dato, es una evidencia del hambre que pasan tantos canarios”, concluye la Plataforma.
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