Según ha podido saber Diario de Avisos, un destacado grupo de socios del Casino de Santa Cruz de Tenerife, acordadon anoche iniciar el proceso estatutario para remover de su puesto al actual presidente de la entidad, Miguel Cabrera Pérez-Camacho.
Este grupo de socios, con una amplia representación en la entidad, manifestaron al Diario que respetan la presunción de inocencia del actual presidente en los supuestos delitos que se le imputan y por el que está siendo investigado por el juez Pamparacuatro de La Laguna, pero que la imagen del Casino está resultando muy dañada por los problemas personales de su actual dirigente. “Una entidad como la nuestra no se puede permitir ninguna sombra de duda en la honorabilidad de sus gestores”, señaló una de las fuentes.
En la reunión celebrada anoche, en la que participaron al menos una veintena de socios, se plantearon algunos nombres para sustituir, según recogen los estatutos, de manera provisional a Miguel Cabrera Pérez Camacho. Este proceso culminaría con la convocatoria de nuevas elecciones a las que podrán concurrir las planchas de gestión que así lo consideren oportuno.
En ese mismo encuentro, los presentes condenaron las llamadas realizadas por Pérez-Camacho a directores de los medios de comunicación más destacados de Tenerife, en los que realizaba determinadas amenazas, asegurando, además, que, aprovechando su cargo, les vetaría la entrada al Casino.
Las mismas fuentes no descartan que Miguel Cabrera Pérez Camacho, presente su dimisión, antes de ser apartado de su cargo por los socios de la sociedad.
Suspendido por la ULL
La Universidad de La Laguna (ULL) ha iniciado un procedimiento disciplinario y ha suspendido provisionalmente las actividades académicas de Miguel Cabrera Pérez-Camacho en la Facultad de Derecho. Esta medida, que tiene una duración de seis meses, se produce en respuesta a la investigación judicial originada por la acusación de un estudiante, según ha confirmado Europa Press.
El expediente se abrió en la tarde de este jueves y la ULL ha nombrado a un instructor para examinar el caso y tomar una decisión definitiva dado que aunque los hechos no se produjeron en sus instalaciones entran dentro del marco de posibles infracciones en la relación profesor-alumno.