Una orden judicial ha desalojado este martes a 99 personas, entre ellas 24 menores de edad, que habían ocupado un complejo de viviendas inacabadas en la localidad turística de Playa Blanca, en el sur de Lanzarote, en medio de un amplio despliegue policial.
Según han informaron fuentes policiales, el desalojo, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, se llevó a cabo sin que se registraran incidentes, a pesar de que la mayoría de los ocupantes de las viviendas no habían retirado sus pertenencias del interior de los inmuebles.
Varias de las personas que se habían asentado en ese complejo mostraron pancartas en las que reivindicaban el derecho “a una vivienda digna” y alegaron que se vieron obligadas a ocupar esas viviendas inacabadas por la falta de alquileres en la isla.
Durante el desalojo, los operarios retiraron de la obra materiales de carpintería instalados por las personas que ocupaban el complejo, cuyo número el Ayuntamiento de Yaiza cifra en 99, de las cuales 24 son menores de edad y al menos 68 están en situación administrativa irregular.
Además, cuando el Ayuntamiento llevó a cabo el informe de Servicios Sociales exigido por la administración de justicia para continuar con el acto judicial, también detectó que entre las familias afectadas había cinco mujeres embarazadas, personas con discapacidad y mayores, así como un enfermo oncológico.
El Consistorio, a través de un comunicado, ha asegurado este martes que propuso alternativas habitacionales en las que reubicar a las familias más vulnerables, y que consensuó con el Cabildo de Lanzarote trasladar de forma temporal a 22 de estas personas al albergue del Aula de la Naturaleza de Máguez.
“El Ayuntamiento se comprometió a ofrecer el servicio de transporte para el traslado de las personas afectadas a Máguez y también el transporte diario de los menores escolarizados en el municipio de Yaiza para garantizar la continuidad de sus clases”, ha apuntado el Consistorio.
Y ha recordado que las competencias municipales en materia de vivienda son limitadas y que el Ayuntamiento tiene “escaso margen” de actuación, más si cabe con el problema de escasez de vivienda de alquiler y los precios “desorbitados” que hay en la isla.
Dentro de sus competencias, ha señalado, “los Servicios Sociales del Ayuntamiento siempre han estado vigilantes a la situación de las familias vulnerables para tender la mano dentro de las competencias municipales”.
El desahucio ha sido ejecutado después de que el Juzgado lo ordenara como medida cautelar solicitada por la sociedad propietaria del inmueble, que instó un procedimiento tras la ocupación masiva de los apartamentos.
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