Por Doris Carballo y Luis Rabionet.| Unos cincuenta desalojados del edificio Chasna, en Costa del Silencio (Arona), se vieron obligados a pasar la noche del martes en una caseta de campaña grande dispuesta a modo de carpa y una caravana que les cedió Eloy, el portavoz de los afectados por la orden del Juzgado de Primera Instancia Nº3 de Arona, que justifica el desahucio “por los problemas estructurales de la construcción, que tiene riesgo de derrumbe“.
“No hemos tenido ayuda del Ayuntamiento”, señala Eloy a DIARIO DE AVISOS, añadiendo que entre las personas que durmieron en la instalación improvisada se encuentran menores de edad. Asimismo, señala que han pedido baños portátiles con los que todavía no pueden contar.
Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Ruth Martín, indica a este periódico que el Consistorio sí le ha ofrecido ayuda a los vecinos desalojados ayer lunes con alimentos y alternativas habitacionales para las familias con menores, no solo en Arona, sino también en otras partes de la Isla. Asimismo, Martín apunta que en algunos casos esa ayuda ha sido rechazada.
De momento, -confirma el portavoz de los vecinos desalojados-, tampoco hay novedad en relación al importe que el Consistorio les iba a facilitar para alquilar otra vivienda. En este sentido, Ruth Martín asegura que una vez se analice cada caso, se les va a proporcionar cantidades que pueden alcanzar los 3.000 euros.
Más de 90 familias afectadas
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, solicitó el lunes al Juzgado unos días de plazo para darle más margen de maniobra a los vecinos. De hecho, la regidora confirmó ayer a este periódico que “tanto la edil de Servicios Sociales como yo, nos personamos el lunes en el lugar y los afectados nos pidieron tiempo para poder sacar sus pertenencias, a pesar de que hacía más de un mes que eran conocedores del desalojo. Nosotras solicitamos ese aplazamiento, pero no se ha podido dar”.
En el mencionado edificio a medio construir residían 210 personas, pertenecientes a 90 familias, hasta que durante la mañana de ayer unos 50 agentes de la Guardia Civil cumplieron la orden de desalojar el edificio, si bien la mayoría de los afectados fueron previsores y salieron antes de sus viviendas. No obstante, otros esperaron hasta el último momento.
Tanto personal de Cruz Roja como varios psicólogos atendieron caso por caso para conocer de primera mano cada situación. Estamos tratando de flexibilizar las ayudas de emergencia social y hemos pedido asistencia al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias para intentar encontrar soluciones lo antes posible”.
En cuanto a los menores, que son la prioridad del Consistorio, la alcaldesa enfatizó que “lo que más nos preocupa ahora son los más pequeños. Estamos intentado buscar una alternativa para que no tengan que quedarse en la calle. Trataremos de acogerlos y, si los padres no quieren separarse de ellos, buscaremos un alojamiento temporal para el menor y su madre”.
Además, puso en evidencia el claro problema de vivienda que existe en la Isla: “Hay más de 200 personas y no tenemos alternativas habitacionales. Hay gente trabajadora que no tiene recursos suficientes y otras en situación irregular que han venido libremente. El desalojo se da por el problema estructural. La intención es derrumbar el edificio, porque corre el riesgo de desplome inminente”.
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