Un total de 210 vulnerables, más de 90 familias, entre las que se encuentran niños, embarazadas, mayores, enfermos, personas con movilidad reducida, refugiados ucranianos y ciudadanos de otras nacionalidades, tendrán que abandonar esta mañana, desde las 09.30 horas, el complejo de 44 viviendas a medio construir que ocuparon hace ocho años en Costa del Silencio (Arona), en el edificio conocido como Chasna 8.
El desalojo del inmueble, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Arona, se da por “los problemas estructurales de la construcción, que tiene riesgo de derrumbe”, según explicó a este periódico el viernes pasado Ruth Martín, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento aronero.
El portavoz de los vecinos, ante el inminente desalojo, comentó ayer a DIARIO DE AVISOS que “la alcaldesa, Fátima Lemes, se personó esta mañana (ayer para el lector) y se comprometió a hablar con el decano para intentar conseguir que la orden judicial de desahucio se prorrogue, como ocurre en otros casos de desalojo”.
De esta forma, y según confirmó anoche a este medio Ruth Martín, “la alcaldesa presentó un escrito esta tarde (por ayer) solicitando unos días de plazo para tener más margen de maniobra y tratar de buscar alternativas habitacionales, pero no sé si desde el Juzgado atenderán la solicitud, dado que, como me han trasladado, prima la seguridad”.
La disconformidad que tienen los afectados viene dada porque, como ya aclaró Martín, en “casos normales de desalojo, primero se piden unos informes al Ayuntamiento para que analice las realidades de las familias y, atendiendo a su vulnerabilidad, se suele paralizar el lanzamiento durante unos meses. Sin embargo, aquí no se han atendido los informes, al haber un documento urbanístico sobre los problemas estructurales del edificio”.
Por ello, y ante la negativa de Arona, los vecinos han recurrido al Constitucional: “Esta mañana (por ayer), nos respondió que admitía a trámite nuestro recurso y que tendríamos una respuesta en un corto periodo de tiempo”. Al cierre de esta edición, aún no tenían noticias al respecto. “Hay gente aquí que no tiene a dónde ir y que necesita, por ejemplo, enchufar el oxígeno que le permite vivir. ¿Dónde irán ahora? Nos da rabia que este edificio, que en su día encontramos abandonado, lo hayamos rehabilitado para hacerlo habitable, todo sin pedirle nada a nadie, y, ahora, todo lo invertido con nuestro dinero sea en vano”, manifestó el portavoz.
TRABAJORES
En cuanto a una posible paralización, indicó que “tenemos la esperanza de que desde el Tribunal Constitucional aplacen el desahucio. Solo pedimos que seamos tratados como cualquier ocupa en este país”. Aunque hizo hincapié en que “nosotros no somos okupas, somos trabajadores sin recursos que no podemos afrontar un alquiler por los elevados precios. Algo tiene que cambiar. Se está vendiendo todo a capital extranjero y los que nos vemos afectados somos los más vulnerables, que acabamos en la calle. No se contempla hacer ni una sola vivienda. Es el modelo de la catástrofe”.
Igualmente, comentó que “¿cómo es posible que algunos hayan acabado aquí porque no encuentran una vivienda por convivir con dos perros? Ponen trabas hasta si tienes niños. Es triste no poder desarrollar tu vida en el sur de Tenerife aun siendo trabajador”.
También cuenta que a muchos les han negado la opción de empadronarse en el municipio, un hecho que la edil de Servicio Sociales aclaró a este medio: “Muchas de los vecinos, que llevan años viviendo en el inmueble, se intentaron empadronar en masa una vez recibida la orden de desahucio. Por eso, desde el área de Padrón del Ayuntamiento se tuvo que bloquear el censo en ese inmueble, porque ya se sabía que se iba a desalojar. Pero eso no significa que se les niegue. Pueden empadronarse en servicios sociales”.
En la tarde de ayer, algunas personas procedieron a abandonar el edificio de Costa del Silencio ante la posible intervención policial de esta mañana de martes. “Aquellos que tienen familia en la Isla ya se han marchado. Han recurrido a familiares para no verse en la calle. Ahora vivirán en un apartamento con una habitación más de cinco personas. Es una situación insostenible, dantesca”, subrayó el portavoz de los vecinos.
Ante la respuesta del Ayuntamiento de que no hay alternativa habitacional porque están en plena temporada turística, lamentan que “¿realmente no nos pueden ofrecer nada? Nos dicen que darnos una ayuda económica o habilitar un pabellón para aquellos que no tengamos donde alojarnos no es la solución. No entendemos su poca movilización”.
La edil añadió que desde el Consistorio se valoró la opción de habilitar algún espacio para alojarlos temporalmente, “pero fue rechazada porque no es algo excepcional, como una catástrofe natural. Esto no es una situación aislada, cada semana nos enfrentamos a entre dos y tres desahucios en Arona, familias a las que no se las ha ofrecido esta alternativa. No podemos sembrar un precedente. Por ello, estamos agilizando las ayudas económicas para que individualmente busquen una solución. También estamos recopilando posibles alojamientos para familias que tengan niños. Pero si el desahucio se produce mañana, mucha gente se quedará en la calle. No podemos realojar a 200 personas”.
Pocas horas antes de quedarse sin un techo bajo el que cobijarse, los vecinos avisaron de que, “si finalmente ocurre, saldremos de nuestras casas de forma pacífica, pero queremos que nos toquen puerta por puerta. Si tenemos que irnos, lo haremos, pero seguiremos hasta el final con nuestra lucha, porque creemos que las cosas no se han hecho bien. No queremos que algo así les ocurra a otras personas”.
El exalcalde de Arona, el socialista José Julián Mena, pidió ayer al grupo de Gobierno municipal (PP, CC y Más por Arona) “medidas excepcionales y urgentes, con el objetivo de ahorrar sufrimiento a nuestros vecinos. Entre ellas, estudiar la expropiación y adquisición de edificios sin terminar, como es el caso de Costa del Silencio, para ponerlos en régimen de alquiler social y asequible”.
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