“A mi hermano Tomás le dieron el alta en la Candelaria apenas unas horas después de intentar quitarse la vida y esa misma tarde se suicidó. De todo eso me enteré al día siguiente por la Policía Nacional, porque nadie avisó a la familia desde el hospital”.
El resumen que hace Carmen Negrín sobre los hechos acaecidos en dicha jornada y que derivaron en el suicidio de su familiar no solo encogen el corazón de cualquiera por lo terrible de estos sucesos sino que también llama mucho la atención el tratamiento de este paciente.
La propia documentación de dicho hospital confirma de forma fehaciente que Tomás, de 61 años, ingresó en la Candelaria aquel día tras intentar sin éxito quitarse la vida, y que horas después recibió al alta sin más garantías que las siguientes recomendaciones: “Mantener el tratamiento habitual, acudir a citas de revisión programadas, control por médico de Atención Primaria y, en caso de empeoramiento o nueva sintomatología acudir al Centro de Atención Primaria”.
Pese a que en el alta consta que, si Tomás fracasó en su primer intento de suicidio fue por la providencial intervención de un tercero que lo evitó, así que, como refleja el atestado de la Policía Nacional, esta persona apenas dejó pasar la tarde para reincidir sin que, lamentablemente, nadie pudiera volver a frustrar su terrible decisión.
Dos claves más
Hay otros dos datos que llaman poderosamente la atención en la documentación.
La primera, hay que insistir, es que se era plenamente consciente en la Candelaria de que si Tomás fracasó en su primer intento no fue por su voluntad aunque luego se mostrase “arrepentido” y “realizara crítica completa” o que “en varias ocasiones expresara sus deseos de regresar a casa para descansar y realizar tareas pendientes”. También estaban al tanto de que al paciente se le diagnosticó en 2004 un trastorno mixto ansioso-depresivo y de sus antedecentes de ya haber recibido tratamiento psicológico.
Respecto a la segunda, permite adivinar carencias muy notables en la Sanidad pública en salud mental, por cuanto de forma expresa desde el hospital se deriva a Tomás hacia la Atención Primaria a la par que, en la casilla sobre si ‘Procede contacto telefónico por este motivo con la Red de Salud Mental’, la respuesta es que “no”.
También se queja la familia de las dificultades que han encontrado a la hora de recopilar toda la documentación sanitaria sobre el fallecido, a tal punto que, en su nombre, la abogada local Vanessa Martín Miranda se ha personado en las diligencias penales que instruye un juzgado de Santa Cruz de Tenerife al igual que impulsa por otra vía jurisdiccional una reclamación judicializada de los papeles en cuestión, como confirmó dicha letrada en conversación con este periódico.
En cuanto al testimonio de Carmen, que obviamente padece un evidente sufrimiento personal al igual que su hermana desde aquel infausto 26 de febrero, nos permite conocer mejor a Tomás y a su familia, descendientes de gomeros emigrados a Venezuela que retornaron a Tenerife hace ya la friolera de 30 años. Carmen, que a su llegada a la Isla trabajó en el servicio de reparto del Decano de la Prensa de Canarias antes de abrir el negocio de restauración que regenta desde hace 26 años. nos habla con orgullo de su hermano desaparecido, “un hombre culto que dominaba cuatro idiomas y que se ganó la vida con sus estudios de Economía en funciones de banca internacional desde una céntrica sucursal capitalina y que, posteriormente, también trabajó en el sector turístico”. Luego llegó el paro, el divorcio y la pandemia, cuando se dedicó expresamente al cuidado de su madre enferma, ya fallecida, un periodo que, está claro, no ayudó en nada a su equilibrio emocional.
Preguntada por los motivos que le impulsan ahora a exponer públicamente la tragedia de su hermano, Carmen se enjuaga sus lágrimas antes de responder con firmeza: “Nadie le va a devolver la vida a Tomás, pero ojalá su caso ayudase a, cuanto menos, a quienes se vean en la misma situación”.
Resta añadir que, por expreso consejo de los especialistas consultados y que agradecen toda difusión sobre el alarmante aumento de los casos de suicidio, se omite deliberadamente el método empleado, al asegurar dichos expertos que entrar en tales detalles es lo único que puede tener un efecto pernicioso para otros pacientes.
“Es irresponsable dejarlo marchar sin haber pasado al menos 72 horas”
“El suicidio no deja impasivo a nadie”, advierte desde el inicio de la conversación con DIARIO DE AVISOS Felipe Lagarejo, adjunto al grupo de Vocalía de Suicidio en el Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife y que además conoce de primera mano el caso de Tomás Negrín al atender tanto a Carmen como a la otra hermana del fallecido. A nadie se le escapa que el entorno más cercano al suicida también es víctima de un suceso tan terrible.
“Todos los duelos por un suicidio se experimentan de forma desgarradora”, responde sin ambages este especialista al ser cuestionado sobre la llamada revictimización de quienes, como Carmen, no pueden evitar preguntarse a sí mismos si no pudo hacer más por evitar el fatal desenlace. “Al propio dolor por la pérdida”, continúa Lagarejo, “hay que sumar el profundo sentimiento de culpa que genera al dudar de si quizás pudieron haber hecho algo. Imagine a una madre que pierde a un hijo: En sus genes está que es su obligación velar por él. Sin duda, el sentimiento de culpa es enorme”, y el experto va más allá al añadir que también es relevante “el estigma social que se genera al hablar de ello”.
En el caso de Tomás llama mucho la atención que, como insiste Carmen, nadie se pusiera en contacto con la familia antes de darle el alta, por lo que ni siquiera supieron de la tentativa inicial hasta que fue demasiado tarde. “En el tema sanitario, hasta donde yo llego en psicología, es básico que una persona que ha intentado suicidarse debe estar bajo un cuidado extremo, Más allá incluso de avisar a la familia, a esta persona, que ha ingresado en un hospital por una tentativa de suicidio, no se le puede dejar marchar sin la supervisión, sin la evaluación y sin el tratamiento de un profesional en salud mental. Como minímo, durante las primeras 72 horas. ¡Como mínimo! Y eso, tras llevar a cabo, insisto, una evaluación en condiciones. Lo contrario sería irresponsable. Y respecto a lo que advierte sobre avisar a la familia, esta claro que no existe un protocolo de actuación. Y, si lo hay, no funciona”.
A este respecto, Lagajero detalla que “el nuevo director de Salud Mental [Fernando Gómez-Pamo] quiere instaurarlo a nivel general, pero se ha topado con muchos problemas y deficiencias a la hora de compartir la información entre los servicios de Atención Primaria con los de Salud Mental. De hecho, son tantos los casos que se remiten desde la Atención Primaria a Salud Mental que tardan ni se sabe en atenderlos, dado que en Atención Primaria no se hace una valoración porque un médico de cabecera no puede hacerla de forma exhaustiva. Ello provoca que los casos lleguen a Salud Mental sin una estimación previa sobre el nivel de riesgo. Y no pueden hacerla porque para eso tendrían que ser un psicólogo clínico”.
“Urgente y acuciante”
Preguntado sobre si es partidario de algo tan básico como dotar a cada centro de salud de al menos un profesional de la Psicología, el experto no duda ni un instante: “Es algo urgente y acuciante”. A continuación, ofrece unos datos incuestionables a este respecto: “En Inglaterra hay una media de 50 psicólogos para atender a cada mil habitantes, una cifra que en los países nórdicos se eleva a entre 60 y 70. Hasta en Grecia hay 15, y la media de la Unión Europea es de 20. Pero en España solo contamos con 6,7 psicólogos por cada mil habitantes” para afrontar esta problemática.
Los 230 casos de 2021, peor registro en el Archipiélago desde 2007
Como ha denunciado puntualmente DIARIO DE AVISOS desde la década pasada, hace ya bastante tiempo que el suicidio es la principal causa de muerte no natural tanto en el conjunto de España como en Canarias. Y con bastante diferencia, además, respecto al resto de causas. Por citar un ejemplo estatal, así lo refleja un estudio de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio sobre 2021, donde se reflejó que los casos registrados oficialmente de autolisis en nuestro país multiplicaba por 2,5 los fallecimientos provocados por los accidentes de tráfico (1.599 en 2021), por 14 los homicidios (283) o por 93 las producidas por la violencia de género (43).
Precisamente, es en 2021 cuando las Islas sufrieron en mayor número las fatales consecuencias de esta epidemia, teniendo en cuenta los datos desvelados desde el Instituto Canario de Estadística (Istac) que se remontan hasta 2007, con un total de hasta 230 vidas perdidas ese año, siendo el siguiente (2022 igualmente nefasto dado que tuvieron lugar en Canarias otros 223. Para apreciar mejor lo que pasa, a segunda causa de muerte no natural en las Islas son las derivadas de los accidentes acuáticos, que en el más funesto de los años que llevamos de siglo nunca ha llegado siquiera al centenar de muertes.
Es menester añadir que en un informe elaborado por el departamento de Salud Mental adscrito al Servicio Canario de Salud respecto al periodo 2007-2020 no se deja lugar a la duda del carácter epidemiológico que caracteriza al suicidio en el Archipiélago.
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