El Gobierno insular (CC-PP) del Cabildo defendió ayer su propuesta de tasa para cobrar por el acceso y disfrute de los espacios naturales protegidos y rechazó la planteada por el PSOE para gravar las pernoctaciones turísticas, que “no es una ecotasa, sino un impuesto, lo llamen como lo llamen”. Así lo afirmó la presidenta insular, Rosa Dávila, quien compareció en un pleno extraordinario a petición del PSOE para debatir sobre su propuesta, que calificaron de “verdadera ecotasa turística”, y por qué el Cabildo se niega a planteársela al Gobierno canario.
Dávila cuestionó también al PSOE cómo va a “distinguir en este impuesto entre residentes y no”, y que no se vean afectados quienes se trasladan entre las Islas por cuestiones de trabajo o médicas y tienen que alojarse en un establecimiento turístico. “He sido consejera de Hacienda y un impuesto no puede ser discriminatorio, se lo tumban a la primera”, afirmó. A la vez que señaló que lo recaudado no tendría un carácter finalista, mientras que la tasa del Gobierno insular sí y, además, puede diferenciar entre turistas y residentes “o modular dependiendo de la edad o del espacio natural”.
También criticó a los socialistas que no aportasen más datos sobre su propuesta y que no implantaran esta medida cuando gobernaban en el pasado mandato, así como que tampoco lo hayan planteado en los recientes grupos de trabajo creados por el Gobierno canario, en el específico a la fiscalidad y el turismo, en el marco de la conferencia de presidentes.
La presidenta insular recordó también que las Islas tienen un régimen económico y fiscal diferenciado, que permite “tomar decisiones en torno a la imposición indirecta que podemos implementar en Canarias”. En este sentido, señaló que, en 2023, la facturación turística en Canarias ascendió a 19.000 millones y la recaudación por IGIC derivada fue de 1.330 millones. En Tenerife, la facturación del subsector ascendió a 7.600 millones y la recaudación del IGIC, a 530. Y apuntó que, “si se sube el IGIC cinco décimas, en Tenerife se recaudarían 38 millones”.
“La singularidad de las Islas requiere de un debate sosegado y riguroso y a eso nos ha invitado el presidente del Gobierno de Canarias”, enfatizó.
Por su parte, el presidente del grupo socialista del Cabildo, Pedro Martín, respondió que “nuestro planteamiento no afecta a los residentes, hablamos de los turistas que vienen a Canarias; hay formas para hacerlo” y para que lo recaudado tenga carácter finalista. En este sentido, defendió que su propuesta es “la mejor fórmula para que todos los turistas paguen”, porque, con el planteamiento del Gobierno insular, solo lo harían los que visitasen los espacios naturales. “Si queremos que este impuesto mejore las condiciones de vida y los espacios naturales, tiene que ser para todos”, añadió, a la vez que preguntó cómo se piensa cobrar por el acceso al Parque Nacional del Teide, cuando “no se puede”.
Martín también criticó a la presidenta insular que haya decidido “apuntarse a algo en lo que jamás había creído, por el revuelo social”, y defendió que, en el pasado mandato, no se pudo plantear por la caída de Thomas Cook y la COVID.
Mientras, desde el PP, el vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso, afirmó que la propuesta del PSOE “grava a los residentes en las Islas con un nuevo impuesto” y recordó que todos los turistas ya pagan a través del IGIC. Por eso, “ratificamos que se ponga en marcha una tasa que mejore la conservación de nuestro entorno natural”.
Asimismo, el portavoz de CC, José Miguel Ruano, criticó que el PSOE presente la propuesta “sin ver cómo ha funcionado en otros territorios de España”. En cuanto a la tasa propuesta por el gobierno insular, recordó que, en el debate de la moción, en el pleno de abril, “dijimos que tendríamos capacidad técnica para poder implantar la medida en enero de 2025 respecto a los parque rurales y que, en relación al Parque Nacional del Teide, las cosas podían retrasarse algo más por su singular estructura administrativa y de competencias”, y apuntó que el Cabildo tiene las transferencias delegadas y no transferidas. Por último, calificó de “pataleta” que el PSOE argumente que no se le dejó votar su propuesta en el pleno de abril.
Desde VOX, su portavoz, Ana Salazar, criticó el “afán recaudatorio” del PSOE y apuntó que su propuesta tendría “nefastas consecuencias para el sector”.
Sector audiovisual
Tras este debate, el pleno celebró una segunda sesión extraordinaria en la que el PSOE volvió a pedir la comparecencia de la presidenta insular para que explicara en qué punto se encontraba la tramitación del proyecto Complejo Cultural y Audiovisual Imagine Green Studios, declarado de interés insular en junio del pasado año y que supondrá la implantación en Adeje de un gran complejo de platós de cine y televisión.
Rosa Dávila informó de que la comisión de evaluación ambiental de Tenerife informó, el pasado 21 de mayo, de que proponía, por unanimidad, que “la evaluación ambiental estratégica siga el procedimiento ordinario al considerar que este proyecto de interés insular requiere un proyecto de urbanización”. A este respecto, destacó que “a nadie le cabe duda de que es imprescindible tener unas infraestructuras para el sector audiovisual” pero que hay que seguir el procedimiento dictaminado por la comisión. “Tenerife tendrá la ciudad del cine, más pronto que tarde”, enfatizó.
José Miguel Ruano recordó que, desde el Cabildo, se propuso que la tramitación fuera simplificada pero que la comisión decidió que fuera ordinaria, lo que supone mayor plazo, pero enfatizó que “la decisión del grupo de gobierno es contribuir al impulso de un proyecto de este alcance, en el marco de la legalidad vigente”. En este mismo sentido se pronunció Lope Afonso.
Desde el PSOE, Pedro Martín criticó la falta de “acción política” para impulsar el proyecto y lamentó el retraso que supondrá la tramitación ordinaria. “Si no se lo toman en serio, temo que esto no salga adelante”, recalcó.
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