Una familia que residía desde hace una década en un edificio del número 31 de la calle de Zurita de Madrid, en el barrio de Lavapiés, ha sido desahuciada este miércoles por una comisión judicial, que ha pedido la intervención de la Policía y de los Bomberos para desalojar a un activista que se había colgado del edificio para intentar impedir el procedimiento.
El Sindicato de Inquilinas informa en una nota de presa de que Zahira, su esposo y su hijo de ocho años, una familia “vulnerable”, han sido desahuciados de la casa en la que llevaban viviendo más de diez años después que la Policía antidisturbios hiciera uso de la fuerza para entrar en el portal que estaba bloqueado por una decena de personas.
Por orden de la Policía, un activista por el derecho a la vivienda que se encontraba colgado a doce metros en el patio del bloque fue descolgado por los bomberos.
El 26 de junio y el 16 de julio el Sindicato de Inquilinas logró paralizar dos primeros intentos de desahucio de esta familia con el respaldo en la calle de medio centenar de personas.
Según la organización, el juez decidió no aplicar la suspensión argumentando que Zohra no ha podido demostrar que su casero, residente en Tenerife, posee 27 viviendas, a pesar de haber documentado que el propietario posee también un bloque de viviendas en Lavapiés y otras propiedades.
Todo el edificio, ubicado en calle Zurita, 31, pertenece al mismo casero -apunta el sindicato-, una persona que cuenta con los recursos suficientes para arreglar el edificio pero ha optado por no hacerlo, se niega a realizar las reparaciones necesarias y mantiene a los vecinos sin agua caliente desde hace meses.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamientos practicados en la Comunidad de Madrid entre enero y marzo pasados ascendió a 725, 16 % más que en el mismo lapso de 2023.
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