El Ayuntamiento capitalino adeuda unos 14.000 euros al taller encargado de la reparación de las motos de la Policía Local, débito que corresponde a los meses de septiembre a diciembre de 2023 y que “se originó por una serie de averías en elementos de seguridad, como los sistemas ABS, cuyo coste superó el crédito anual consignado para el contrato de mantenimiento de estos vehículos”, afirmó ayer la concejala de Seguridad, Gladis de León, en respuesta a una pregunta del PSOE en la comisión de control municipal.
El portavoz socialista, Florentino Guzmán, cuestionó “sobre las medidas urgentes que va a tomar el Ayuntamiento para resolver la deuda con el taller y garantizar la reparación de las motos de la Policía Local”, haciéndose eco de la reciente denuncia del CSIF sobre la situación del parque móvil de la comisaría, que se ha visto reducido, actualmente, de 20 a 9 motos, debido a averías que impiden el uso de las motocicletas por los agentes.
A fecha de hoy, once motos siguen averiadas, como adelantó DIARIO DE AVISOS, una situación que, a juicio del sindicato, responde a que el consistorio mantiene una deuda con el taller, por reparaciones anteriores, que demora la entrega de los vehículos.
De León explicó que, “al superarse la partida consignada, se tuvo que acudir a la vía del reconocimiento extrajudicial de crédito, ya a punto de finalizar”, Pero aclaró que, “en cuanto a los abonos por los servicios de este año, están al día”.
Asimismo, anunció que “habrá una nueva licitación del contrato de servicio de mantenimiento de motos y se aumentará de forma considerable el crédito para que las reparaciones de gran calado cuenten con fondos.
La concejala de Seguridad añadió que “también está en curso la adquisición de seis nuevas motos, que se prevé estén operativas a finales de año o principios de 2025, además de incluir en los próximos presupuestos la adquisición de diez motos más, con lo que casi dos tercios del parque móvil quedaría renovado por completo en poco más de un año”.
Ascensores
En otro orden, la comisión abordó las situación de los ascensores previstos a instalar en dos edificios del barrio de La Salud, un plan que presentó en 2020 la ex alcaldesa socialista, Patricia Hernández, con el objetivo de que los vecinos de estos bloques dejasen de estar atrapados en sus casas y que, aún hoy, sigue sin ejecutarse.
Al respecto, la concejala de Viviendas, Belén Mesa, explicó que el retraso responde a la instalación eléctrica, pero “la actuación sigue en marcha, a pesar de que dificultades técnicas para instalar los elevadores por la forma en H de la pastilla que presentan las 16 viviendas, pero se prevén terminar a finales de verano”.
Hernández reiteró que “hay vecinos que llevan once meses sin salir por problemas de movilidad y, cuatro años después, siguen sin ascensor. Todo porque el alcalde está emperrado en no ejecutar un plan que fue una propuesta mía”. En este punto tomó la palabra el concejal de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, que calificó a la socialista de “Patricia Otis Zardoya”, abriendo un debate acalorado entre las bancadas.
El PSOE también cuestionó a Mesa sobre los ingresos por arrendamiento del parque municipal de viviendas de 2021 a 2023, que cifró en un millón de euros. La edil del área dijo que “no hay obligatoriedad de transferir con periodicidad” y detalló las cantidades en: 241.000 euros para 2021; 246.000 euros (2022) y 223.000 euros (2023).
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas