La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha incoado hasta 25 actas por infracciones reguladas en la ordenanza municipal de gestión de residuos y limpieza de espacios públicos, desde el 1 de enero hasta el 10 de julio de este año. Se trata de expedientes contra ciudadanos incívicos, cuyas sanciones alcanzan hasta los 100.000 euros, según la gravedad de los actos.
Estos datos fueron facilitados por la concejala de Seguridad del Ayuntamiento capitalino, Gladis de León, durante la comisión de control municipal celebrada el pasado jueves, en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo Vox, Alejandro Gómez, sobre el número de actas tramitadas por incumplimiento de dicha ordenanza municipal.
En cuanto a la tipología de las infracciones, destacan las relativas a miccionar o defecar en la vía pública, que suman un total de ocho en lo que va de año. Asimismo, constan dos denuncias por facilitar alimentos a animales no domésticos en calles o plazas de la capital, en especial a palomas o ratas.
No obstante, la mayoría de las denuncias a ciudadanos, tal y como señala el informe al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se centran en los residuos urbanos, registrándose hasta 10 actas en base a depositar basura en contenedores distintos a los identificados para cada fracción o contraviniendo lo dispuesto en la ordenanza municipal.
También por incumplir los horarios de depósito de residuos o depositarlos fuera de los contenedores; por tirar cualquier clase de residuo, tanto sólido como líquido, a cualquier espacio público; por no dejar cajas de cartón en el recipiente urbano correspondiente; tirar enseres a la vía pública; por observar cómo el conductor de un vehículo deposita palés en la calle; dejar basura en la acera o por verter residuos líquidos en vías urbanas.
Graffitis
El resto de infracciones se centra en pintadas con rotuladores en contenedores de residuos urbanos; aplicar graffitis sobre elementos del paisaje urbano sin autorización expresa o dibujos y pintadas en la vía pública.
El Ayuntamiento capitalino, a través del área de Servicios Públicos, que dirige Carlos Tarife, es el órgano competente en tramitar las correspondientes sanciones en base a las infracciones recogidas en las actas policiales por incumplimiento de la ordenanza municipal de gestión de residuos y limpieza de espacios públicos, lo que conlleva elevadas multas para los infractores que pueden oscilar, si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, entre 20.000 y 600.000 euros.
La ordenanza entró en vigor en enero de 2023, penalizando acciones como las de defecar, miccionar o escupir en espacios públicos; incumplir los horarios de depósito de residuos en los contenedores; apagar puros, cigarros o cigarrillos antes de su depósito en las papeleras; depositar basura por fuera de los contenedores; vertir agua sucia en el espacio público; dar de comer a animales no domésticos en la calle o fumar en playas y zonas de baño de la ciudad, entre otras.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas