El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) alertó ayer de las carencias del sistema de justicia en la comarca y lamentó que las administraciones públicas “no den solución” a la falta de medios humanos y materiales, con unas infraestructuras “obsoletas” a las necesidades que demandan los partidos judiciales de Granadilla de Abona y de Arona, dada la relevancia y cuantía económica de los asuntos civiles y mercantiles, y, en especial, las ejecuciones de sentencias que, una vez resuelto un pleito, “se eternizan burocráticamente”.
El CEST informó ayer que en el pasado mes de junio, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona colgó un cartel en su puerta en el que se indicaba que, a esa fecha, ya se había llegado al número de casos que el Consejo General del Poder Judicial aconsejaba como máximo (1.200) para poder ser atendidos de manera eficiente. Sin embargo, subraya el CEST, “el mismo órgano, el 28 de junio de este mismo año, rechazó una solicitud de medida de refuerzo transversal para los juzgados de instrucción números 1, 2, 3, 4 y 5 de Arona, denegando la autorización económica y la ampliación de recursos humanos”.
El presidente del CEST, Javier Cabrera, lamentó ayer que la administración de justicia estatal y autonómica “no hayan hecho evolucionar sus servicios” para garantizar la eficiencia y el acceso universal a la Justicia, dada la población del Sur, la complejidad de los casos que en ella se dirimen y la alta litigiosidad.
“La población de Adeje ha crecido en un 72% en los últimos 24 años, la de San Miguel de Abona, un 67,6% y Arona 54 % en lo que va de siglo”, citó Cabrera como ejemplos e indicó que “el juzgado de Arona “es casi con total seguridad uno de los más complicados de Canarias y, sin embargo, carece de las herramientas necesarias para atender esa complejidad”.
Desde el Círculo también se recuerda que el partido judicial de Granadilla es uno de los que “peores condiciones de trabajo y gestión presenta en todo el país”. Además, recuerda el CEST que para el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los cuatro juzgados están en situación “oficial” de colapso y “no reúnen las mínimas condiciones para realizar en él un trabajo efectivos. Uno de los juzgados contaba, por ejemplo, en un informe del TSJC, con 6.000 escritos sin tramitar”, indicó. “La falta de voluntad política y de compromiso institucional con las necesidades en materia de justicia que tiene el sur de Tenerife impiden poner en marcha soluciones”, concluyó
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