Los promotores inmobiliarios han ofrecido al Gobierno de Canarias la posibilidad de poner en el mercado 3.000 viviendas a precios asequibles, de las cuales 1.650 estarían disponibles en el verano de 2025 y el resto en el de 2026, según informa la patronal de construcción de Las Palmas.
En un comunicado, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas ha explicado que en cinco meses ha conseguido localizar inmuebles inconclusos, suelo disponible privado y motivar a los municipios a generar iniciativas sobre suelo público y emplear la RIC, y todo ello gracias a las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno de Canarias en el mes de febrero de este año.
Según los promotores y constructores, el número de viviendas podría duplicarse en breve si la maquinaria administrativa se pone en marcha y se activan los presupuestos de soporte necesarios y si se coordinan las acciones precisas.
La inversión prevista para la ejecución de estas viviendas se sitúa en torno a los 200 millones de euros, que además de contribuir a minorar la emergencia habitacional que sufre Canarias, tendría “un efecto renta sobre la producción de 200 millones de euros, activaría la creación y el mantenimiento de unos 10.000 puestos de trabajo y promovería la aplicación de unos 75 millones de RIC, argumenta la entidad.
Destaca que, además, movilizaría unos 540 millones de euros por el efecto arrastre del sector, generaría un retorno directo en recaudación de impuestos en torno a 66 millones de euros y un efecto riqueza de 132 millones de euros de consumo de los hogares.
El sector ha manifestado sus expectativas ante el “giro dado a la política de vivienda en Canarias”.
A su juicio, la puesta en marcha de los presupuestos del Plan Canario de Vivienda, la activación presupuestaria del plan complementario de Visocan, los fondos europeos y la aplicación de las medidas del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda junto a la reacción privada demostrada es una “muestra inequívoca de que la cooperación público-privada es una herramienta imprescindible en la desactivación de la emergencia habitacional en Canarias”.