Después de 30 años ejerciendo como trabajadora social, pasó a la gestión política, donde afronta los problemas derivados de la atención a los niños y niñas migrantes pero también el agujero negro de las listas de espera de la dependencia y la discapacidad. En un área en la que nunca habrá suficiente dinero para cubrir las necesidades, confía en que al final de 2025 la gente no espere más de un año por su prestación, el doble de tiempo que marca la Ley de Dependencia.
–Lleva ya 15 meses como consejera del Gobierno de Canarias ¿cómo de diferentes ve las cosas a cuando ejercía como trabajadora social?
“Se ve todo muy diferente porque empiezas a entender lo que antes no entendías, cuando los políticos te decían no puedo por este u otro motivo, las cortapisas…Definir, priorizar áreas para ajustarte a un presupuesto. No es sencillo”.
–En marzo pasado pidió al Parlamento que le dejara cumplir un año en el puesto para poder evaluar su gestión. Ahora que ya ha pasado, ¿cómo ve su trabajo y el de su equipo?
“Estamos asegurando una estructura firme. Hemos dado los pasos para los cambios normativos en dependencia, en discapacidad, en menores y en servicios sociales; trabajamos con las entidades en unas bases indefinidas para agilizar las subvenciones y darles seguridad. Sobre los fondos europeos, pronto alcanzaremos el 90% de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, unos fondos que estaban aprobados desde 2021 y es ahora, con mucho trabajo, cuando los hemos podido desbloquear. Ha sido un año de ordenar y de asentar la estructura que nos permitirá ser más ágiles y eficientes en la gestión”.
–¿Por qué se ha reducido el gasto por habitante en políticas sociales en Canarias?
“El crecimiento poblacional tiene un impacto claro en las prestaciones sociales a las que tiene derecho la ciudadanía. Canarias tiene una serie de condicionantes que la hacen especialmente vulnerable, como el sobrecoste de servicios, que requieren de acciones específicas. Para paliarlo, el Gobierno de Canarias hace un esfuerzo considerable, pero necesitamos que el Estado se implique más. Por ejemplo, recibimos 30 millones del fondo de pobreza y necesitaríamos en torno a 80 millones. Lo hemos puesto en conocimiento del Gobierno central pero, de momento, sin éxito”.
–Ha dicho que el objetivo del nuevo decreto de Dependencia es, fundamentalmente, rebajar los tiempos de espera, que ahora están en 19 meses, el triple de lo que marca la ley ¿Qué medidas van a tomar y qué plazo se marca para conseguirlo?
“Una vez que aprobemos el decreto, que ya estamos en los últimos trámites, espero que a lo largo de 2025 empecemos a ver una reducción importante de los tiempos de espera. Me sentiría muy satisfecha si a final de ese año conseguimos rebajar la lista de espera a un año. Ese sería el objetivo más inmediato, y la idea es que al final de la legislatura podamos cumplir con el plazo máximo de espera de seis meses que marca la Ley de Dependencia. Para eso hay que crear los recursos y los servicios. Hay en torno a 7.300 personas con resolución de grado y PIA y sin prestación porque no tenemos el servicio”.
–¿Ve justificadas las críticas al decreto?
“Yo entiendo la crítica cuando se ofrece una alternativa, pero todavía no me han dado un argumento, sobre todo, cuando yo estoy haciendo caso a la Ley. No creamos indefensión a la ciudadanía. Le damos sus derechos y ponemos en el centro a la persona, que nos está solicitando unas prestaciones que le corresponden por ley, y que nos pide que lo hagamos de manera ágil, no cuando se muera.
–Sobre ese asunto, el déficit se cifra en unas 9.000 plazas, que son personas esperando por un servicio sociosanitario. En este ámbito, ¿cuál es el objetivo?
“Estamos trabajando en la estrategia sociosanitaria, para poder crear recursos para las emergencias que tenemos, como las personas que ocupan una cama hospitalaria teniendo ya el alta. Y está el tercer plan sociosanitario, que ya lo vamos a empezar a ejecutar, con fondos Next Generation, que nos permitirá crear más de 700 plazas sociosanitarias hasta 2026. Hay una cuestión que nos está marcando Europa, que es la de mantener a las personas en su entorno. Para eso tenemos que potenciar los servicios de ayuda a domicilio, la figura del asistente personal y los centros de día”.
–¿Pero cómo se puede quedar una persona en su casa y pagar los servicios que necesita si la prestación máxima por dependencia que se puede recibir es de 500 euros?
“Pues eso tiene que establecerse dentro de la Ley de la Dependencia. Conlleva mucho dinero y eso es lo que le estamos pidiendo al Estado, que mejore las prestaciones económicas y los servicios. La desinstitucionalización cuesta mucho dinero. Si la persona necesita 1.500 o 2.000 euros mensuales para su atención, hay que dárselos. Si no, es imposible. El Estado se ha puesto como objetivo el año 2030”.
–¿Y desde su Consejería no se puede hacer nada para mejorar la financiación?
“De hecho, lo vamos a hacer, la vamos a mejorar. Actualmente, quien financia la subida somos las comunidades autónomas, por la ausencia de presupuestos estatales. Esa financiación extra que ha permitido llegar a los 500 euros la estamos asumiendo las comunidades”.
–Cuando empezó el mandato, la cifra de expedientes atascados en discapacidad rondaba los 30.000 ¿Cuál es la situación actual?
“Hemos apuntalado personal que llevaba años sin cubrirse. Nos faltaban 15 médicos y ahora los tenemos todos. Ya tenemos los equipos completos en las islas, integrados por personal público. Eso nos va a permitir, de aquí al primer trimestre de 2025, acabar con la lista de espera de discapacidad en las islas no capitalinas. Para Tenerife y Gran Canaria, crearemos equipos itinerantes que atiendan a las personas con discapacidad que viven en el norte y el sur. Ahora estaremos en torno a 25.000 expedientes que tenemos que desbloquear”.
-¿Qué consecuencias, en la práctica, tendrá el acuerdo firmado recientemente entre el PP y el Gobierno de Canarias para atender a los menores no acompañados que llegan a Canarias?
“Yo creo que es muy importante. En la última reunión del Pacto Migratorio, por parte de todas las fuerzas políticas se dieron instrucciones claras, tanto al PSOE como al PP: buscar los acuerdos para que la reforma legislativa saliera adelante. Pero de nada nos sirve eso si las comunidades autónomas no estamos todas alineadas en poner ese cambio normativo en marcha”.
–Es decir, que si hoy se aprobara la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la solución no sería tan inmediata como asegura el ministro Ángel Víctor Torres…
“Lo sería si todas las comunidades autónomas están de acuerdo en que esa normativa se ponga en marcha de inmediato”.
–Sería de cumplimiento obligado…
“Sí, pero sabemos que, a veces, al cumplimiento legal se le pueden poner peros, se puede ir ralentizando… Puede llegar inmediatamente si se cumple lo que se ha pedido tanto dentro del Pacto Migratorio como de la Conferencia Sectorial: que se ponga la financiación y que se establezcan los cupos para cada comunidad autónoma. Y después, las herramientas que permitan abrir los recursos con facilidad, que es la declaración de emergencia a nivel nacional, para poder contratar en un corto periodo de tiempo la puesta en marcha de los recursos y para que el Estado pueda poner de manera inmediata el dinero en las comunidades autónomas”.
–¿Se atreve a dar un plazo en el que esos niños y niñas puedan estar en buenas condiciones en otras comunidades autónomas?
“Nosotros hemos abierto centros de un día para otro, con lo que si la reforma legislativa está y se pone el dinero, cualquier comunidad autónoma puede abrir un recurso de un día para otro”.
–¿Y qué cree que hace falta entonces? ¿A quién le pedimos que dé el paso?
“Ahora mismo, al Estado, porque el escollo que había, que era la significación positiva para este acuerdo del Partido Popular, ya lo tenemos resuelto”.
–El Gobierno central dice que es un acuerdo “plagado de trampas”
“No le veo yo la trampa… Lo que se desprende de las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres es que puede abrirse una vía de diálogo. Lo que hay es que sentarse y plasmar eso en el documento definitivo”.
–Mientras esto se arregla, niños y niñas que siguen llegando y, ya, lo que nadie quería, carpas en los muelles. ¿Se van a seguir instalando?
“Hay ya una carpa instalada en Lanzarote y estamos haciendo los trámites para instalar otra en El Hierro”.
–A la que se opone el presidente insular.
“Yo le diría a Alpidio Armas que, por favor, las instalaciones que llevo pidiendo un año, que las ponga a disposición. Mientras tanto, la única solución que tenemos es la instalación de una carpa, donde se va a atender a los niños y niñas cinco o seis días como en cualquier emergencia, como cuando tenemos que habilitar en un incendio los pabellones municipales. De momento, como en otras islas estamos pudiendo tener alguna plaza liberada, no está previsto habilitar más carpas, pero cuando sean necesarias, se hará porque no tenemos más recursos”.
–¿Son adecuados los dos espacios que ha ofrecido el Ministerio?
“No me he sentado con el Estado para ir a verlos, no puedo hacer una valoración. Por las fotos que he visto, al menos, el Polvorín no está en condiciones reales de uso. Y el del Cristo, cedernos un dispositivo que ya se había negociado su compra con el Cabildo de Tenerife, no parece lo más lógico. Pero no los he visto. Nos dijeron que se pondrían en contacto para ir a verlos pero eso no ha sucedido. Desde la llamada de la ministra, el Estado, que sepamos, no ha dado ningún paso para formalizar nada”.
–¿Qué apoyo se presta a los chicos y chicas que están en el sistema de protección cuando cumplen 18 años? ¿Tienen recursos suficientes para atenderlos?
“Ahí hay dos cuestiones. Primero, el refuerzo de personal que hemos conseguido para que esos menores tengan la documentación. Una vez que cumplen los 18, ya no los podemos obligar a permanecer en el centro, pero para no verlos abocados a una situación de calle, los estamos dejando un poco más de tiempo en el centro en tanto se arregla la documentación. Hay algunos que tienen familiares en otros lugares y se les facilita esa reunificación. Hay otros que pasan a centros de extutelados, en los que también, con un trabajo previo de formación se les ayuda en la búsqueda de una vivienda y a incorporarse al mercado laboral. Ahí es muy importante la colaboración de las entidades y otros agentes sociales. De momento, se está pudiendo dar cobertura a todos los menores que cumplen la mayoría de edad y quieren o necesitan ese apoyo”.
–Ahora que se están preparando los presupuestos para 2025, ¿qué previsión han hecho desde su departamento?
“Dentro del límite que se nos ha pedido, estamos peleando para que nos permitan gastar parte del superávit para poder reforzar la Renta Canaria de Ciudadanía, y si el Estado nos lo aprueba, el cambio legislativo de la ley de la Seguridad Social para poderle dar el complemento a las pensiones no contributivas. En total, esperamos aumentar el presupuesto en 300 millones, sobre los 832 millones que gestionamos este año, contando con que parte de ese dinero viene del Estado y la financiación europea que consigamos.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas