No es que Juan Rumeu de Lorenzo Cáceres sea un presumido, pero sólo diré que nació en Santa Cruz, sin fecha. Preside la Asociación Empresarial de Consultores Medioambientales, que reúne a otras consultoras, laboratorios especializados en el ciclo natural del agua, ingenierías de Caminos, Canales y Puertos, profesores universitarios, documentalistas medioambientales, químicos y farmacéuticos, entre otros. Esta asociación jamás ha recibido subvenciones, ni las ha solicitado, no acepta donaciones y los pocos beneficios que recibe los aplica al desarrollo de proyectos sociales y a otros relacionados con la salud y el medio ambiente. Sólo su directiva tiene rostro. Los demás asociados no revelan sus identidades. “Somos liberales y libres y siempre actuamos como sociedad civil en defensa del medio en el que vivimos y, sobre todo, ante la inacción de los políticos y de las instituciones, cuando se olvidan de gestionar el bienestar y el futuro de los ciudadanos”, me dice Juan Rumeu al inicio de nuestra conversación. Atrás queda una vida en varias empresas: CajaCanarias, presidente de la Asociación de Fabricantes de Cigarros y Cigarrillos de Canarias y de la fábrica de puros de su propiedad, Candela, que decidió cerrar pero que fue una marca de prestigio entre las del sector durante su breve existencia. “De los fracasos empresariales también se aprende y mucho”, indica mi interlocutor. Después de vivir en Madrid regresó a Tenerife “porque tira la tierra y tiran de mí mis hijas, a las que adoro”.
-Cómo pasan los años. Es un tópico, pero también es verdad.
“Tú asististe a los inicios de mis actividades dedicadas al medioambiente, a través de una empresa en la que realicé trabajos para el tratamiento de las aguas residuales y los residuos domésticos”·.
-Recuerdo aquel viaje a Bruselas.
“En realidad fuiste tú quien me consiguió una entrevista, en la que estuviste presente, con un alto funcionario de la Comisión Europea, que me sirvió de trampolín para entrar en el proceloso mundo de los fondos europeos para proyectos medioambientales y su compleja gestión”.
-Aquí temen a los lobbies. Y los castigan.
“Aquí, sí, en Bruselas en absoluto”.
-Vamos a dejar el pasado, Juan. ¿Es normal que Santa Cruz, hoy, lance al mar 32 millones de litros de aguas fecales, diarios, en La Hondura?
“No, no es normal, pero supone también la consecuencia de una nefasta gestión de todo lo relacionado con el saneamiento en Santa Cruz en los últimos 20 años. Son difíciles de entender los anuncios que la actual corporación hace constantemente, como que en 2026 habrá en las playas de la ciudad vertidos cero y banderas azules”.
-¿Un cuento chino?
“Dudamos hasta que en 2026 entre en servicio la depuradora que Santa Cruz necesita, según el diagnóstico elaborado por el Consejo Insular de Aguas. Es decir, se necesitan 125 millones de euros para infraestructuras de saneamiento. ¿Dónde están? Hay zonas como la ladera de San Andrés y el Barrio Nuevo que no tienen todavía red de alcantarillado. Además de las necesidades urgentes de saneamiento en otras zonas periféricas. ¿A dónde vamos a parar?”.
-Al margen de Santa Cruz, me preocupa el Puerto de la Cruz. Playa Jardín sigue cerrada. ¿Existe una solución? ¿De quién depende?
“Playa Jardín concentra lo que yo llamo la “tormenta perfecta”.
-Explícate.
“Pues porque la situación se ha ido gestando como consecuencia del abandono en materia de saneamiento al que se han sometido al Puerto de la Cruz las instituciones competentes, en los últimos 30 años”.
-¿Soluciones?
“No las veo, de verdad, ni a corto ni a medio plazo. La situación me parece caótica y celebramos que la nueva corporación municipal haya iniciado gestiones de urgencia para tratar de paliar, en la medida de lo posible, este atentado gravísimo contra la salud pública”.
-Pero los ciudadanos, un día, van a reaccionar violentamente.
“Va a ser muy difícil compensar a los ciudadanos, sobre todo a los residentes en Punta Brava, por los daños causados en el pasado y que aún se provocan. La solución depende de que el Gobierno de Canarias, entre otras instituciones, decida comprometerse aportando los medios que los ayuntamientos necesitan para abordar el mal causado. Echamos de menos que no salgan a la luz situaciones similares en La Orotava y Los Realejos. Las acciones deben ser conjuntas, aceptando cada municipio su responsabilidad”.
-¿Crees que existe inacción por parte del Gobierno de Canarias?
“Sí, y me parece grave. El nuevo decreto-ley 5/2024 de 24 de junio reemplazó a la ley 6/2022 de 27 de diciembre y es el mejor exponente de cómo el Gobierno autónomo se quita de en medio en la solución de la erradicación de los vertidos ilegales de aguas residuales sin depurar, depositados en el mar y en el subsuelo de las islas. Ha modificado la ley para trasladar a los ayuntamientos responsabilidades gravísimas y el Gobierno sabe que los ayuntamientos no disponen de medios para afrontar las soluciones necesarias”.
-¿Y por qué comete ese error el Gobierno autónomo?
“Se aprovecha de que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local recoge en varios de sus artículos que los entes locales tienen la competencia de todo lo referente al alcantarillado, evacuación y tratamiento de las aguas residuales, así como de su depuración. Y en Canarias el 76% de los municipios carecen de alcantarillado suficiente”.
-Parece un despropósito, ¿no?
“Las necesidades de inversión, en la isla de Tenerife, para alcantarillado y depuración de las aguas residuales las estimó el Cabildo Insular, en la pasada legislatura, en 1.000 millones de euros. ¿De dónde van a sacar los ayuntamientos esa cantidad de dinero? Y, encima, el Gobierno de Canarias se desentiende del problema modificando una ley, a su favor, pero en contra de los ciudadanos”.
(Juan Rumeu añade una verdad como un templo: esas obras de infraestructuras no se ven y, por tanto, no venden electoralmente, no dan votos, pero mientras tanto nuestro mar se va llenando de elementos indeseados, se va deteriorando poco a poco y esto afecta no sólo al medio ambiente, sino a la pesca, a la calidad de las especies que se capturan, a la seguridad de los bañistas y al prestigio internacional de Canarias como estación receptora de turismo. Porque llegará un día en que nadie podrá usar el mar como actividad lúdica).
-Insisto con lo de Playa Jardín. Se dice que no usar la playa puede acabar con el Puerto de la Cruz. Y se habla de acoples no autorizados a la red de saneamiento.
“El problema no es sólo del Puerto de la Cruz, sino de la comarca. Todos los vertidos de La Orotava, Los Realejos y el Puerto van a parar a la depuradora de Punta Brava, que está obsoleta y no tiene capacidad para tratarlos”.
-¿Y entonces?
“Pues las estaciones de bombeo situadas en El Caletón, Playa Chica, Playa Jardín y San Telmo tiene cada una un aliviadero activo, que lanza aguas residuales sin depurar a zonas de baño en el Puerto de la Cruz. Son vertidos no autorizados, así consta en el Censo de Vertidos, elaborado y publicado por el Gobierno de Canarias”.
-Dios mío.
“Pues así es. Estas fosas sépticas recogen todas las aguas residuales del casco urbano y costero del Puerto de la Cruz, que al no poder enviarlas a la depuradora por estar habitualmente saturada o estropeada, liberan las aguas residuales al mar, a través de aliviaderos, en el mejor de los casos sólo con un tratamiento previo sólo de desbaste”.
-Y en cuanto a acoples a la red no autorizados.
“Se investiga la conexión ilegal de una urbanización y en todo caso sería un disparate más en estos episodios que parecen del tercer mundo”.
-Juan, a la vista de lo que cuentas. ¿Respetan a tu Asociación las autoridades implicadas en estos hechos?
“Nos tratan como a las demás. Nos reciben, nos oyen pero no nos escuchan. Se trata de la típica disfunción cognitiva de algunos políticos. Nos rascan la espalda, creen que nos han convencido y algunos hasta nos despiden con un: “¿Te vas contento?”. Te marchas de los despachos con la sensación de que has perdido el tiempo. Cuando acceden al cargo suelen ser humildes y a medida que pasa el tiempo crecen en soberbia y ya no se ponen al teléfono”.
-Ustedes han denunciado o van a denunciar lo que ocurre a la Fiscalía de Medio Ambiente.
“Sí, claro. La Fiscalía está al servicio del cumplimiento de la ley, recibe solicitudes de investigación debidamente documentadas y, si lo considera, abre diligencias que posteriormente resuelven los tribunales. Yo confío en ellos”.
-Recientemente, yo mismo he denunciado públicamente que en algunas zonas de baño, incluida San Telmo, no disponen de servicios sanitarios. No hay váteres ni duchas en condiciones. ¿Se puede seguir así?
“La presencia de servicios sanitarios es uno de los requisitos obligatorios para la obtención de una bandera azul. Dentro del apartado de seguridad y servicios se exige que las playas cuenten con instalaciones sanitarias adecuadas y limpias, situadas a una distancia razonable para los usuarios. Estos servicios deben estar bien mantenidos y cumplir con unas determinadas normas de higiene. En Tenerife hay 16 playas con bandera azul y ninguna de ella cuenta con servicios sanitarios completos; si acaso algunas tienen duchas”.
-¿Y cómo se resuelven en otras islas del mundo los problemas que se plantean en Canarias?
“Es verdad que el saneamiento es más problemático en los territorios insulares. Pero se resuelven con programas de acción, que los hay y muy buenos, que financian los gobiernos competentes. Es que yo creo que hasta en algunos lugares del tercer mundo son más responsables que nosotros en el tratamiento de las aguas residuales y en su reutilización”.
-Vamos al terreno sanitario. ¿A qué nos exponemos?
“Los análisis que se realizan regularmente para determinar la contaminación de las aguas de baño contemplan dos tipos de bacterias”.
-¿Cuáles?
“La EColi y los enterococos. La contaminación por aguas residuales sin depurar en las playas de baño pueden contener virus, protozoos, bacterias patógenas, parásitos, productos químicos, hidrocarburos, compuestos orgánicos, sólidos en suspensión, microplásticos, residuos farmacéuticos. Como para no tomárselo en serio, ¿no?”.
-¿Estamos ante un problema de emergencia sanitaria?
“En Canarias existen 311 vertidos ilegales, recogidos en el último censo de vertidos que elabora el Gobierno autónomo, aunque cada día aparecen más. Yo no hablaría de emergencia sanitaria, sólo de la necesidad urgente de acabar con esos vertidos y la solución a todo ello tiene que venir del Gobierno de nuestro archipiélago”.
-¿Podría actuar la Comisión Europea en este asunto?
“Se ha publicado recientemente que la Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE a 29 localizaciones en España y 28 están ubicadas en la isla de Tenerife. Tenerife tiene 31 ayuntamientos, por lo que esto supone todo un récord. Lo que me falta saber es si a alguien se le va a caer la cara de vergüenza”.
-Tú lo has dicho.
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