La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha asegurado este viernes que el establecimiento de moratorias a la creación de vivienda vacacional lo deja “a criterio de los ayuntamientos”, ya que no es partidaria de hacerlo a nivel regional.
En la rueda de prensa para presentar las novedades en el anteproyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, ha aclarado que estas medidas han sido impulsadas en otras partes de España por los propios ayuntamientos, como ha sido el caso de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Sevilla, por lo que deben ser las corporaciones locales canarias las que decidan qué hacer.
“Lo dejamos a criterio de los ayuntamientos, que saben cuál es hoy el porcentaje de viviendas vacacionales que afectan a cada término municipal”, ha señalado la consejera para luego agregar que el Ejecutivo regional no es partidario “de aplicar una moratoria a las islas verdes que les iguale a islas como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura”.
Además, ha asegurado que no existe en la actualidad un “efecto llamada” en cuanto al registro de viviendas vacacionales en el archipiélago a raíz de la puesta en conocimiento de la creación de esta normativa.
Al tiempo que ha añadido que el espíritu de la ley no ha cambiado, por lo que “una vez que se apruebe, no habrá ni una sola declaración responsable más hasta que los ayuntamientos no planifiquen”, tal y como establece la normativa.
Hasta que esta se apruebe, los ayuntamientos pueden usar la normativa ya vigente para “suspender esos usos o declaraciones responsables” y volverlas a habilitar cuando desarrollen la ordenanza provisional que rija estas actividades en sus respectivos términos municipales.
“El cambio es que cuando entre en vigor la ley, será el Gobierno quien lo haga por los alcaldes y serán ellos los que vuelvan a habilitar la actividad una vez que decidan dónde, cuántas y cómo quieren las viviendas vacacionales en sus términos municipales”, ha indicado la consejera.
De León ha resaltado que la ley que pretenden aprobar no va a dar una nueva competencia a los municipios, “sino a clarificar el sistema competencial en Canarias, que el decreto vigente dejaba en el aire”.
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