Es tal el hartazgo que provoca en la sociedad lo rotundo del fracaso partidista (con unas formaciones más responmsables que otras) a la hora de gestionar la crisis humanitaria que se padece en Canarias por mor de la ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo según Naciones Unidas y que consiste en el tráfico de seres humanos que huyen de la guerra y la miseria existente en países del continente africano y su afán por llegar al europeo, para lo que hacen escala en Canarias, que desde la sociedad civil ya se pronuncian en alta voz las quejas contra semejante muestra de ineficacia.
Así se comprobó ayer al coincidir el rechazo ante la deriva actual, donde ya no solo los partidos usan la acogida de los menores como arma para confrontar al contrario, sino que han trasladado el conflicto a las administraciones cuyo poder detentan en la actualidad. Especialmente significativo resulta que sea tanto una ONG de acogida como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Abogacía española las que coincidan en mostrar su hartazgo.
Por lo que respecta a la organización no gubernamental, ha sido esta asociación la que ha registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso contra la nueva interpretación del Gobierno canario respecto a quién corresponde la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegan por mar a las Islas.
El Gobierno autonómico puso negro sobre blanco ayer (lo publicó en el BOC) su amenaza de no aceptar a más menores en acogida si el Ejecutivo central no certificaba primero fehacientemente que se trata realmente de menores, una tarea ingente dada la enorme afluencia de migrantes en unos años donde las plusmarcas del pasado se fulminan en cuestión de meses.
En el recurso de esta ONG, que data del pasado martes y fue adelantado por Canarias Ahora, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado asegura que el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno relativo a esa nueva manera de entender la competencia sobre los menores es “contrario a sus derechos fundamentales y del interés superior del menor”, especialmente de aquellos cuya acogida pueda ser susceptible de ser rechazada. Para la Red, el acuerdo, trasladado también a los grupos del Parlamento canario tras una reunión del denominado Pacto Migratorio, puede generar “un estado de indefensión” en esos niños y adolescentes que llegan solos a Canarias.
La ONG también expone que el acuerdo adoptado prescindió “del procedimiento administrativo habitual y de las medidas de control que el funcionariado puede aportar”, al no estar recogido en el orden del día del Consejo.
Todavía fue más claro el presidente del Consejo de la Abogacía Española, Salvador González, quien -en declaraciones recogidas por Efe- no dudó ayer en calificar como “lamentable” el debate que hay en España sobre la distribución entre las comunidades autónomas de los menores migrantes que llegan solos al país en pateras o cayucos.
“No tiene sentido que estemos discutiendo sobre cómo nos distribuimos a unos menores. El debate público es lamentable. Hay que apostar por ellos, son nuestro futuro y los más vulnerables de nuestra sociedad”, afirmó González sobre los “más de 5.000 menores que están esperando en Canarias qué va a ser de su futuro”.
El representante de los abogados de todo el país se pronunció así en una cita con los medios de comunicación con motivo de la inauguración de las I Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia que se celebran en Cádiz para abordar asuntos como el manejo integral de la violencia contra los menores, los derechos de la infancia con discapacidad, la asistencia legal a las víctimas menores de edad, el sistema de reforma juvenil, la violencia hacia menores en medios digitales o la constitucionalidad de la declaración de desamparo.
Como no podía ser de otra manera y aunque no está incluido en el programa, el debate sobre la atención a los menores migrantes no acompañados emergió en la jornada de inauguración.
En ella, el secretario de secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, dijo que se está hablando “de forma absolutamente indocumentada” del problema de la atención a menores que llegan a España.
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